1989, el año negro que está en la impunidad

1989, el año negro que está en la impunidad

Agonizan casos como los atentados a Avianca y crímenes como el de Luis Carlos Galán.

21 de noviembre de 2009, 05:00 am

Bomba al avión de Avianca, 107 muertos; atentado al edificio del DAS, 70 muertos y 500 heridos; ataque a las instalaciones de El Espectador, 73 heridos; crímenes selectivos (coronel Waldemar F. Quintero, candidato presidencial Luis Carlos Galán, periodista Jorge Enrique Pulido y árbitro de fútbol, Álvaro Ortega), cuatro; asesinato de policías, 731...

En 1989, Colombia soportó la más fuerte oleada de atentados terroristas de su historia reciente. El año dejó centenares de huérfanos; un esperanzador proyecto político frustrado; una prensa amenazada; y un Estado arrinconado por Pablo Escobar que halló en la dinamita, la corrupción y en el terror a sus mejores aliados para evitar que la extradición entrara en vigencia.

Hasta el campeonato de fútbol nacional fue suspendido luego de que la mafia mató al árbitro Ortega, tras un partido crucial entre los equipos Medellín y América de Cali.

Veinte años más tarde -en términos de justicia-, el panorama parece más desolador que en 1989. Solo sicarios de segundo nivel terminaron pagando por esos crímenes y los supuestos autores intelectuales posan en silencio de políticos o de empresarios.

En cinco días, el caso Avianca expirará y esa misma semana el expediente Galán se juega su suerte cuando se decida si el general (r.) Miguel Maza Márquez -acusado de ese crimen-, queda libre, bajo el argumento de que el caso ya prescribió.

La única posibilidad que tienen estos procesos para encontrar justicia en Colombia es que, finalmente, la Fiscalía asuma una posición clara sobre la viabilidad de elevarlos al rango de lesa humanidad.

En E.U., el tema pareciera tener más fuerza. Actualmente se indaga si varias cuentas del cartel, halladas recientemente en Suiza, están vinculadas a alguno de estos procesos; y el caso Avianca (delito que allá no prescribe) se sigue moviendo.

La petición de la Procuraduría

El martes, familiares de las víctimas de ese atentado radicaron en la Fiscalía una solicitud formal de declaratoria de lesa humanidad.

Y el jueves, la Procuraduría se jugó su última carta, enviándole una sólida argumentación a la fiscal especializada Clara Eva Montoya -en cuyo despacho está la matriz de los procesos contra el cartel de Medellín- para que haga un solo bloque de expedientes cobijados por esta categoría de crímenes.

El Ministerio Público sugirió que (de 1989) se incluya el bombazo al avión, el atentado a El Espectador, el asesinato de Luis Carlos Galán y el homicidio de la juez Miriam Rocío Velásquez. La Procuraduría solo pidió excluir de este paquete el atentado al DAS y los crímenes producto de la vendetta entre mafias.

"Se concentraron en Pablo Escobar y se olvidaron de investigar a patrocinadores, cómplices y agentes estatales que participaron en esos casos y que aún están vivos", dice Gabriel Jaimes, procurador delegado para asuntos penales.

Pero ese mismo jueves, la Fiscalía le informó a este diario que aún estaba en consultas. Y aunque es posible que tome decisiones en las próximas horas, un sector de esa entidad está interesado en conocer primero los argumentos que la Corte Suprema está trabajando para decidir si aplica, por primera vez, el delito de lesa humanidad a un político procesado por nexos con el paramilitarismo: el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus.

Lo concreto es que al caso Avianca le quedan tan solo cinco días de vida jurídica.

Fiscal de E.U. indaga si dinero hallado en Suiza tiene relación con crímenes del cartel

El Departamento del Tesoro de E.U. le asignó a un fiscal de Jacksonville (Florida) la investigación por el hallazgo, hace algunos meses, de 27 cuentas bancarias de los carteles de Cali y de Medellín, abiertas en bancos suizos a finales de los ochenta.

Once de ellas tienen como hilo conductor a Jesús María Rivero García, alias de Gustavo Gaviria Rivero, miembro del cartel de Medellín y primo del capo Pablo Escobar.

Hay más de 15 millones de dólares consignados y, entre los cuentahabientes, familiares de Gaviria Rivero, entre ellos, José Luis Gaviria, Aidé Gaviria de Gómez, Óscar León Gaviria Rivero, Ana Lidia Correa Hincapié y Carlos Alberto Gaviria Vélez.

El nombre de este último ya había aparecido en el expediente por el asesinato de don Guillermo Cano (el 17 de diciembre de 1986), director de El Espectador, diario dinamitado el 2 de septiembre de 1989. Gaviria resultó tener negocios con Luis Carlos Molina Yepes, el hombre que administró los fondos usados para pagar el crimen de Cano.

La pregunta que surge es, ¿de dónde provino y para qué era el dinero hallado en Suiza? EL TIEMPO tuvo acceso al expediente, obtuvo copias de varios de los documentos que allí rezan y estableció que para la extinción de los fondos a favor del Tesoro de E.U., los cuentahabientes serán requeridos para que expliquen su origen.

Para indagar sobre ese tema, desde hace tres semanas se ha intentado ubicar a Gaviria, pero este hizo saber que no le interesa hablar del episodio. La Fiscalía colombiana tampoco ha hecho indagaciones al respecto.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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