El Comité de la ONU contra la Tortura emitió hoy en Ginebra (Suiza) un informe sobre Colombia.

El Comité instó a que Colombia "tome medidas inmediatas para discontinuar el acoso y seguimiento de jueces por agentes de inteligencia (el DAS) y sancionar a los responsables por amenazar la independencia del poder judicial".

El Comité, integrado por diez expertos independientes que vigilan el cumplimiento de la Convención internacional en la materia, expresó su "gran preocupación" por el hecho de que jueces de la Corte Suprema de Justicia hayan sido "amenazados" y se hayan visto obligados a recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares de protección".

El Comité expuso su "consternación" porque dichos jueces "hayan sido objeto de acoso, seguimiento e intercepciones telefónicas por agentes de inteligencia".

Incluso, sobre la designación del Fiscal General de la Nación el Comité dijo esperar que el proceso "se realice a través de criterios que garanticen la elección de un profesional capaz de ejercer el cargo con total y plena independencia".

En cuanto a la desmovilización de 30.000 paramilitares y los beneficios jurídicos de que gozan, el Comité caracterizó la situación como una "amnistía de facto", al no coincidir "con el principio de la proporcionalidad de la pena y la ausencia de condenas", en el marco de las "obligaciones internacionales de derechos humanos".

Preocupación por casos de tortura

Asimismo, el Comité de la ONU destacó "una disminución global" de las denuncias de tortura en los últimos 5 años, pero al mismo tiempo subrayó su preocupación por los informes sobre la presunta implicación de los "agentes estatales" en ese crimen.

El documento, hecho público en Ginebra, agregó que la incidencia de tortura en Colombia "es alta y corresponde a patrones específicos que indican una aplicación generalizada".

Sobre esa situación, reconoció las iniciativas del país para contrarrestar la impunidad, pero ello no impidió que el Comité observara problemas como la "falta de información fidedigna sobre los casos de tortura", lo que se refleja en "las contradicciones entre las cifras entregadas por distintas entidades".

Asimismo, indicó su preocupación por la ausencia de un sistema centralizado para la compilación de datos acerca de los casos de tortura, lo que impide "tener claridad acerca del número total de casos denunciados, investigados y sancionados".

De otra parte, el Comité cuestionó que se "realicen tipificaciones erróneas y asimilen el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, como el delito de lesiones personales", una práctica que, entre otras, conlleva a "un grave subregistro" y a la "impunidad".

Por todo ello, el Comité instó a Colombia a que "cumpla las obligaciones contenidas en la Convención contra la Tortura", con penas "que tengan en cuenta su gravedad" y que se le considere como un delito autónomo.

De manera más amplia, el órgano de las Naciones Unidas abordó en su informe "la persistencia de graves violaciones conexas a la tortura, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las violaciones sexuales y el reclutamiento de niños".

En relación a ellos, los expertos del Comité expresaron su inquietud por la "alta incidencia" de detenciones arbitrarias y considera que "las detenciones sirven para estigmatizar a ciertos grupos como líderes sociales, jóvenes, indígenas, afrocolombianos y campesinos".

De las desapariciones forzadas, lamentó la "lentitud" en la implementación de un plan nacional para la búsqueda de personas.

Sobre la violencia sexual, el Comité expresó preocupación por su utilización como arma de guerra y por aquellas que son "atribuidas a la fuerza pública", lo que le lleva a pedir al Gobierno colombiano la adopción de medidas "eficaces y urgentes para erradicarla".

Añadió que "la violencia sexual atribuida a la fuerza pública debe ser investigada, enjuiciada y firmemente sancionada".

En otro pasaje de su informe, el órgano de las Naciones Unidas mencionó "el patrón extendido de ejecuciones extrajudiciales de civiles que posteriormente han sido presentados por la fuerza pública como muertos en combate", al tiempo que consideró que la Justicia militar debe dejar de asumir la jurisdicción de casos de violaciones graves de los derechos humanos.

Ginebra (EFE - AFP)