El mandatario dijo que quiere que la atención política esté centrada sobre las elecciones del 29 de noviembre y no en la crisis que vive su país. Manuel Zelaya pidió que los comicios se aplacen.

"Pretendo ausentarme del ejercicio de mis funciones públicas por un periodo que podría iniciar el 25 de noviembre y concluir el 2 de diciembre, decisión que tomaré en consulta con los representantes de los diferentes sectores", dijo Micheletti en un mensaje por cadena de radio y televisión.

"Mi propósito con esta medida es que la atención de todos los hondureños y hondureñas esté concentrada en el proceso electoral y no en la crisis política", añadió.

Micheletti, quien no precisó quién le reemplazará durante el tiempo que permanezca fuera del poder, dijo que "nuestro gobierno operará de manera normal" y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al servicio del Tribunal Supremo Electoral, "sabrán garantizar el orden y la seguridad de las personas y sus bienes el 29 de noviembre".

No obstante, si "lamentablemente ocurriere un trastorno general del orden y de la seguridad, que amenace la paz de la nación y la tranquilidad del pueblo hondureño (...) reasumiré inmediatamente mis funciones y dictaré con vigor y con firmeza las medidas que sean necesarias para garantizar el orden", precisó.

"Al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales", Micheletti le pidió que "honre" los preceptos de la ley electoral, guardando "el más profundo silencio y respeto", así como "el acuerdo Tegucigalpa/San José que voluntariamente suscribimos".

El gobierno de facto de Micheletti, que asumió el 28 de junio tras el derrocamiento de Zelaya, mantiene la celebración de las elecciones generales para el 29 de noviembre.

El resto de la comunidad internacional ya ha anunciado que no reconocerá el proceso electoral si antes no se restituye en el poder a Zelaya, quien pidió este jueves que se aplacen los comicios para que puedan ser "legitimados" internamente y por la comunidad internacional.

El Congreso Nacional tiene previsto reunirse el próximo 2 de diembre para decidir sobre la restitución de Zelaya en el poder, según contempla el acuerdo San José/Tegucigalpa suscrito el pasado 30 de octubre bajo los auspicios de Estados Unidos.

Zelaya pide aplazamiento o impugnación de elecciones

Por su parte, el depuesto presidente de Honduras, pidió posponer las elecciones del próximo 29 de noviembre para "legitimarlas" como solución "legal" que permita que el país vuelva al Estado de derecho.

"Es urgente presentar soluciones legales a esta crisis, posponer las elecciones debe ser una condición que permita legitimarlas (...) que nos devuelva al Estado de derecho, al orden constitucional y la credibilidad internacional", subrayó Zelaya en una declaración distribuida a la prensa.

El presidente derrocado el 28 de junio por los militares y destituido por el Parlamento considera que la prórroga de las elecciones podría ser parte de un acuerdo político "o irremediablemente tendrían que repetirse" cuando "sea restaurada la voluntad del soberano".

En su nota, bajo el título "Pueblo hondureño no te están diciendo la verdad", señaló, además, que Honduras se encuentra "en un Estado de facto" en el que "no hay Constitución ni poderes constituidos por haber sido destruidos por la fuerza".

Zelaya, fue derrocado y enviado por la fuerza a Costa Rica por los militares el 28 de junio pasado y desde el 21 de septiembre, cuando regresó subrepticiamente a su país, permanece en la embajada de Brasil en Tegucigalpa rodeado por la policía y el Ejército.

En su opinión, la realización de elecciones en esta situación, sin que se haya restaurado la democracia e instalado un Gobierno de unidad, como prevé el Acuerdo Tegucigalpa-San José suscrito el pasado 30 de octubre para resolver la crisis, representa "una aberración jurídica, una burla y un engaño al pueblo".

"Las elecciones del próximo 29 de noviembre no podrán resolver este problema fundamental porque sus resultados estarán al margen de los valores propios de la concepción más elemental de la formación del Estado de derecho", expresó.

Dijo, además, que el Acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado por representantes suyos y del presidente de facto, Roberto Micheletti, "fue el instrumento político propuesto para restaurar legalmente el orden constitucional y realizar elecciones legítimas".

Pero el pacto, agregó su declaración, "fue incumplido en sus tiempos y en su forma por el régimen de facto".

"En este caso reprogramar las elecciones debe ser una condición que permita legitimarlas", concluyó.

Horas antes, Zelaya había reiterado en otro comunicado su intención de impugnar las elecciones y llamado a sus compatriotas a que "reflexionen y de manera consciente impugnen y denuncien" lo que calificó como "fraude electoral".

TEGUCIGALPA (AFP-Efe)