Las acusaciones de espionaje entre países en América Latina ya no se limitan a los recientes roces entre Colombia y Venezuela. La semana pasada, el gobierno peruano denunció el financiamiento por parte de Chile de una red de militares incas y ciudadanos chilenos que habrían enviado información sensible a Santiago. La crisis se desató por la detención de un suboficial de la Fuerza Aérea peruana, que declaró haberles entregado a los chilenos secretos de Estado de su país a cambio de dinero.

El dossier incluiría los planes de compra de los militares peruanos hasta el año 2021. De acuerdo con reportes de la prensa peruana, el militar habría vendido un plan institucional de la Fuerza Aérea, con proyecciones, necesidades, personal y aeronaves, así como listas de las identidades de los estudiantes de la Escuela de Inteligencia y documentos relativos a una demanda de Perú ante La Haya. La reacción peruana no se hizo esperar. El presidente Alan García abandonó la cumbre en Singapur del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Apec) y canceló un encuentro con su contraparte chilena, la presidenta Michelle Bachelet. Además, el gobierno de Lima llamó a su embajador en Chile a consultas y el canciller peruano calificó de "inamistoso y ofensivo" el caso de espionaje contra su país.

Las autoridades chilenas, por su parte, han negado cualquier vinculación a la supuesta red. "Chile no espía y es un país serio en sus relaciones internacionales", afirmó el fin de semana pasado la vocera del Palacio de La Moneda en Santiago. Sin embargo, dadas las difíciles relaciones que Chile y Perú han mantenido durante años -que incluyen una guerra a fines del siglo XIX y un activo diferendo limítrofe-, no hay claridad sobre hasta dónde lleguen las secuelas de este choque diplomático. Mientras que han surgido voces en Lima que invitan al gobierno peruano a cortar relaciones con su vecino del sur, en Santiago líderes políticos denuncian el caso como un montaje para proyectar una imagen de Chile como un país "belicista y agresor".

Esta situación se da en medio de declaraciones de preocupación de las autoridades peruanas sobre las abultadas compras de armamento que los chilenos han realizado en años recientes. La última se concretó la semana pasada con Estados Unidos por 665 millones de dólares. Detrás de este escalamiento de las tensiones chileno-peruanas se esconden mutuas desconfianzas y diferencias limítrofes de antaño que enrarecen un de por sí ya pesado ambiente regional. La petición del presidente García de una investigación de los hechos por parte de las autoridades chilenas es un camino acertado para aclarar si existió esta red y qué tanto daño hizo a Perú.

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