Aunque perdió la licitación, se metió al negocio pagando una suma que no se ha revelado.

El mismo día en el que el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, pareció librarse de la moción de censura por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, otro de sus compañeros de gabinete quedó expuesto a un debate de similares proporciones por cuenta del sonado Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

En el Congreso se mueve una posible citación al ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, para que explique por qué infartó un sistema -que le costará al país cerca de 300 mil millones de pesos, a lo largo de 12 años-, causando pérdidas y retrasos en la expedición de licencias y de otros trámites de tránsito.

Pero además de la cartera de Transporte, la responsabilidad de este colapso recae en Promesa de Sociedad Futura, el grupo que se ganó el contrato de concesión en mayo del 2007 y que hoy se declara ajeno a las fallas técnicas que se están presentando e incluso habla de un supuesto sabotaje.

Esa sociedad está conformada por Heinsohs Software House S.A., Intelred S.A., Grupo Taborda Vélez & Cía., Quipux S.A. y Juan David Ángel.

Ángel fue el director del Programa para la Reincorporación de Alzados en Armas en el primer gobierno Uribe; y, desde hace dos años, representa a Taborda Vélez & Cía, firma del paisa Héctor Taborda Maya y de su familia, que se ha venido quedando con varios contratos del sector.

Se trata del mismo dueño del 95 por ciento de la recién creada zona franca de Cota -otorgada por el Gobierno en febrero del 2008-; del otrora propietario de un paquete de acciones del Atlético Nacional; y aspirante a quedarse con el Sistema Integrado de Transporte Público, tasado en 2 billones de pesos y que Samuel Moreno adjudicará antes de terminar su mandato.

Y aunque Taborda, Ángel y Quipux fueron los grandes perdedores de la licitación del Runt, terminaron comprando el 49,9 por ciento del negocio a las firmas Chaid Neme hermanos S.A., Información y Tecnología y Stratis Ltda.

¿Por cuánto? La suma no se ha revelado públicamente por ser "un monto privado", le respondieron a EL TIEMPO Juan Emilio Posada, gerente de Stratis, y Juan David Ángel, quien agregó que no había impedimento legal para esa compra. Es más, no se descarta adquirir el 50,1 restante en dos años.

Entonces, ¿el Ministerio de Transporte para hizo la licitación si un grupo de perdedores terminaron ganando?

Lo concreto es que la incursión de Taborda Vélez y Cía., de Quipux S.A. y de Ángel en el polémico Runt llama la atención porque también están en medio del millonario pleito que enfrenta al Distrito con la Federación Nacional de Municipios por el Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

La Federación está cobrando 80 mil millones de recaudos por concepto de multas de tránsito que, según el Distrito, fueron pagadas voluntariamente por los infractores.

En medio de ese pleito, Fedemunicipios le entregó el contrato del SIMIT (por 12 años y un mes) a una unión temporal de la que hacen parte Taborda, con el 25 por ciento; Quipux, con el 12,6; y Ángel B. S.A., con el 16. Esta última firma es una comercializadora de llantas de Ángel, que hace revisiones de carros y vende seguros obligatorios.

El pasado jueves, precisamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó una acción de reparación que esa unión temporal interpuso contra las secretarías de Movilidad y Hacienda del Distrito para que transfirieran los 80 mil millones de pesos que reclama Fedemunicipios.

Lo que resulta paradójico es que Taborda y Quipux también hacen parte del consorcio que, hace dos años -en la administración de Lucho Garzón y cuando agonizaba el 2007-, se ganó una millonaria licitación con el Distrito para manejar, hasta el 2016, los Servicios Integrados para la Movilidad.

La gerente del Runt, María Elvira Pérez, también tuvo nexos con Bogotá. Después de pasar por la Fedemunicipios, ocupó las secretarías de Tránsito y de Obras. Incluso, de esta última le quedó una sanción que le prohíbe ocupar cargos públicos y contratar con el Estado hasta el 2011. Pero, según Pérez, la sanción fue demandada ante el Tribunal Contencioso de Cundinamarca y, por ende, está congelada a la espera del fallo: "Además, yo no soy funcionaria ni he contratado", dice.

Por el momento, para intentar subsanar el caos, la cartera de Transporte emitió una resolución autorizando la expedición de trámites hasta el 31 de enero del 2011, cuando se espera que el Runt funcione.

Y el Ministro y sus subalternos se alistan a rendir cuentas -Contraloría y Procuraduría anunciaron indagaciones- y a aclarar si son ciertas las quejas sobre la millonaria interventoría que contrató para el Runt.

Juan David Ángel, representante de Taborda Vélez y uno de los socios que compró una participación de la concesión del Runt, afirmó que hay gente interesada en que ese sistema no funcione y aseguró que, incluso, están investigando un posible sabotaje al sistema por parte de algunas secretarias de Tránsito.

También dijo que las fallas del sistema son exógenas (por eso no habría lugar a multas y sanciones) y que lo más difícil ha sido la migración de bases de datos de algunos organismos de Tránsito.

"Cuando hicimos las pruebas, en mayo, todo marchó bien, pero cuando el sistema salió a la calle comenzamos a tener problemas con el software de algunas secretarías, por la diferencia en los datos -dijo-. Hay nombres escritos de 22 maneras y lo mismo pasa con el color de los carros. El sistema no reconoce tantos cambios", afirmó Ángel.

Insistió que el Runt es un sistema robusto, único en el mundo, con el respaldo técnico de Heinsohs Software House S.A y de Quipux S.A y con la participación de Taborda Vélez que lleva 12 años en el sector.

Sobre el supuesto sabotaje añadió que están investigando para denunciarlo cuando obtengan las pruebas.

No obstante, advirtió que no están justificando las fallas ni evadiendo la responsabilidad que les cabe.

"Tenemos claro que este proceso es parte de un equipo, y el equipo debe estar coordinado y esa coordinación ha fallado, desde las secretarías de Tránsito que no nos han dado información adecuada. Nos confiamos y no la validamos", agregó.

Finalmente, Ángel se comprometió a que antes de que termine diciembre, el consorcio tendrá funcionando el Runt en su totalidad.

En octubre del 2007, el Mintransporte dispuso de 8 mil millones de pesos para contratar al interventor del Runt. Los seleccionados fueron el consorcio Pai-Runt, conformado por Ponce de León y Asociados Ingenieros Consultores (del grupo Nule, y dueños del contrato de las grúas con el Distrito); Applus Norcontrol Colombia e Interaudit S.A. Dos años después de la selección, en el Ministerio aseguran que ya le han manifestado a Pai-Runt que el grupo de ingenieros dispuestos para esta interventoría no es suficiente y que, además, han recibido quejas por el no pago de la seguridad social a sus empleados. Y en el Runt dijeron que aún no conocen ningún informe de interventoría sobre su desempeño. Para indagar sobre estas quejas, EL TIEMPO llamó en cinco ocasiones a la interventoría, pero el ingeniero Alexánder Pérez (el encargado) no respondió y aunque José Fidel Cano (otro encargado) manifestó que atendería telefónicamente las inquietudes, apagó su celular.

Lo que sí se confirmó es que el Distrito estudia varias quejas sobre el contrato de las grúas y alista decisiones.

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