Fiscalía no descarta que haya comercializado los archivos para desaparecer investigaciones.

La captura de Guillermo González Guzmán, coordinador de archivo y correspondencia de la División Administrativa del Inpec, fue realizada el jueves por investigadores de la Dijín.

Los documentos que González vendió a empresas de reciclaje eran procesos penales que estaban archivados en una bodega del instituto.

De acuerdo con la Fiscalía, González, de 51 años y quien desde hace 29 trabaja en el Inpec, entregó como papel reciclado 36.379 expedientes de la Judicatura que permanecían en la bodega, ubicada en la zona industrial de Bogotá.

"Alcanzó a vender 30 toneladas de papel, y por cada kilo recibía entre 600 y 700 pesos", indicó el fiscal del caso en la audiencia de legalización de captura.

Señaló también que investigadores descubrieron que los domingos y días festivos González Guzmán sacaba los archivos empaquetados en carros para venderlos a dos empresas. Entre los expedientes aparecen tutelas y procesos de juzgados laborales y civiles de cuatro años: desde el 2005 al 2008.

"Llegaban las solicitudes de traslado de expedientes y no se encontraban. Al parecer, vendía documentos fallados y otros en curso, por lo que cuando el Consejo Superior de la Judicatura los requería se reportaban como perdidos", explicó una fuente del Inpec.

La entidad señaló que González Guzmán deberá responder por los delitos de peculado por apropiación, destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.

El mismo jueves en la noche, cuando fue capturado, González fue llevado al juzgado 48 de control de garantías.

Sin embargo, el juez no le dictó medida de aseguramiento, al considerar que no representa un peligro para la sociedad. El funcionario sigue vinculado al proceso.

Detienen a 3 guardianes de Bellavista

El Inpec entregó a la Fiscalía a tres guardianes de la cárcel Bellavista, en Medellín, señalados de presuntamente vender cupos de trabajo y estudio en el centro carcelario. "Además de vender los cupos en uno y dos millones de pesos, vendían certificados falsos de trabajo con los que los internos lograban rebajas de pena", señaló una fuente cercana a la investigación.

Agrega que "había internos que nunca trabajaban pero con pagos obtenían dichas certificaciones".

El Inpec dijo que adelanta otras investigaciones por hechos similares en las cárceles de Bogotá, Facatativá, San Andrés, Barranquilla y Cali.

Los implicados son el teniente Luis Enrique Murallas, el inspector Jhon Jairo Aristizábal y el dragoneante Juan Armando Lozano, a quienes un juez de Medellín otorgó el beneficio de detención en sus casas, con brazalete electrónico.

REDACCIÓN JUSTICIA