Ni las quejas ciudadanas ni las normas han erradicado estos negocios instalados alrededor de instituciones de educación superior.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establece un límite mínimo de 300 metros no sólo para negocios dedicados al expendio de licor, sino también a la venta de servicios sexuales o donde se pueda escuchar música o bailar.

Según esta norma, "estos negocios no podrían estar ahí", sostuvo el experto en urbanismo Luis Alberto González Chila.

Y aunque tanto la Secretaría de Gobierno como la de Control Físico han realizado operativos, los dueños de estos sitios encontraron maneras legales de hacerle 'conejo' a la norma.

En el sector del San Fernando han sancionado con cierre tres negocios.

Pero unos les cambian la razón social y los registran como fuentes de soda en los que "venden una cervecita para la sed", lo que les permite reabrir, denunció Javier Aníbal Castillo, secretario de Control Físico.

Y otros, como es el caso de los bares El Decano y San Pedro, en inmediaciones de la Universidad del Meta, acudieron a la figura de la tutela para 'tumbar' la decisión de cierre impuesta por la Secretaría de Gobierno, ratificada incluso en segunda instancia.

Vía tutela reclamaron el derecho al trabajo que, según Lina Carolina Díaz, secretaria de Gobierno, en ningún momento se les ha vulnerado porque ellos pueden instalar otro tipo de negocios que sean compatibles con las normas urbanísticas, como cafeterías, papelerías o restaurantes.

Castigo para los que incumplen

Los negocios que incumplan lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) están expuestos al cierre definitivo del establecimiento.

En el caso de los que funcionan alrededor de los centros educativos, el artículo 81 del POT faculta a la Administración municipal para cerrarlos de manera definitiva por expender licor, vender servicios sexuales o difundir música para bailar.

"En estos casos no les aplicamos ni multas ni cierres temporales, sino el definitivo", explicó Lina Carolina Díaz, secretaria de Gobierno de Villavicencio.

En Puerto Bahía, un centro comercial ubicado frente a la Universidad Cooperativa, la Secretaría de Gobierno municipal ha cerrado cuatro de los cinco establecimientos que vendían licor y les han solicitado a los propietarios no arrendarlos para este tipo de actividad.

Pero surgió otra problemática. Frente a la Cooperativa empezaron a proliferar una serie de casetas en las que venden cerveza, y que las 'crecieron' con enramadas y construcciones en ladrillo y concreto, para las que no tienen licencia de urbanismo ni de construcción.

En este caso, la Secretaría de Control Físico iniciará controles que podrían llegar hasta la demolición de las casetas.