Las sanciones están consignadas en un proyecto de ley radicado en el Congreso.

La iniciativa fue radicada por el ministro de Agricultura Andrés Fernández, y el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio.

"El que obtenga un apoyo económico directo o incentivo, préstamo reembolsable, desagravaciónn  o cualquier ayuda económica del Estado alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su concesión, u ocultando las que las hubiesen impedido, incurrirán en prisión de siete a 12 años", dice el artículo 1 del proyecto.

La iniciativa también señala penas de entre 5 y 10 años para los funcionarios públicos otorguen esos apoyos o incentivos.

Fernández aclaró que una vez entrada en vigencia, la ley no tendrá efecto retroactivo.