Mayoría de magistrados del Consejo de Estado recomendó estudio en el legislativo tras 2 meses de análisis.

Como lo reveló EL TIEMPO hace una semana, los consejeros consideran que los alcances de la negociación, que implica la presencia de equipo y personal militar de Estados Unidos en al menos siete bases navales y áereas, van más allá de una simple adición a  los acuerdos existentes.

Según confirmaron altas fuentes, 13 magistrados consideraron que el arreglo con E.U.  debe cumplir los requisitos formales de un tratado internacional: es decir, ir al Congreso para su ratificación y después pasar a control de la Corte Constitucional.

Otros seis magistrados también avalaron esa tesis, pero con aclaraciones de voto. Los consejeros recomendaron también ajustar los convenios sobre inmunidad diplomática a los estándares internacionales. 

Antes de la consulta con el Consejo de Estado, el Gobierno venía con la tesis de que se trataba de un 'acuerdo simplificado' que no ameritaba ese trámite. Este lunes, una comisión de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa le entregó al presidente Álvaro Uribe sus recomendaciones sobre el concepto, que en todo caso no obliga al Gobierno.

Si el presidente Uribe decide hacer el trámite por el Congreso, el inicio de las operaciones norteamericanas podría dilatarse incluso hasta mediados del próximo año.

El punto crítico es que en este momento las naves de inteligencia norteamericanas que monitoreaban el Océano Pacífico en busca de lanchas y aviones del narcotráfico ya no están operando desde la base de Manta (Ecuador), y entre las autoridades hay temor porque el interín sea aprovechado por los traficantes.  

El acuerdo aún no está firmado oficialmente y será tema de las reuniones que sostendrá en Washington, a partir de este fin de semana, el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján.

El funcionario tiene pendientes encuentros con el Departamento de Defensa y  con militares de E.U.  y,  según fuentes informadas, es posible que se hagan mayores precisiones sobre la utilización de las bases y de los controles colombianos a las actividades del personal norteamericano que llegue al país.

Sobre el tema de la inmunidad, el ministro Silva dijo que se contempla la posibilidad de que Colombia pueda pedir que se levante la protección diplomática frente a determinados delitos y que, en todo caso, el Gobierno tiene la posibilidad de hacerle  seguimiento a cualquier proceso incluso en E.U. 

REDACCIÓN DE JUSTICIA