Será todo un ejercicio de malabarismo educativo. Los profesores tendrán que explicar a sus alumnos las razones por las cuales los niños con síndrome de Down, que son sus compañeros de salón, no fueron abortados a tiempo. Por un lado, el Ministerio pretende integrarlos a la sociedad, pero, como la Corte Constitucional acaba de ordenar dar clases de aborto en los tres supuestos que marca la ley, estarán obligados a enseñarles que las niñas que queden embarazadas podrán aniquilar los fetos que tengan esa malformación. ¿Por qué?, podrán preguntar los pequeños. Pues porque ahora queremos gente que nazca sin discapacidad, les contestarán.

Algún niño quizá insista y quiera conocer qué pasará con los que adquieran alguna terrible enfermedad en el camino, tipo Stephen Hawkins. ¿Tienen aún el derecho de deshacerse de ellos o ya lo perdieron porque no abortaron cuando podían? Claro que si luego te sale un genio como el citado físico, no importa tanto darlos a luz, pensarán unos niños. ¿Qué hacer, entonces?

La mente de los escolares podrá continuar argumentando que como aún no conocemos a nadie con parálisis cerebral que haya atesorado la admiración universal de Hawkins, ellos sí son material desechable. Es decir, a partir de las estupendas clases sobre el derecho a interrumpir el embarazo en caso de malformación del feto, los niños con serias limitaciones físicas o psíquicas adquirirán una categoría especial en los salones: abortos fallidos.

Es una desgracia que el Procurador se haya metido en la pelea, porque polarizará un debate de interés social que nada tiene que ver ni con la reelección, ni con la guerra que libra Ordóñez con las altas Cortes y menos aún con que si es ultraconservador.

Enseñar aborto en los colegios es una cuestión que afecta a las familias y al modelo de sociedad que queremos. Que un puñado de magistrados se hayan erigido en legisladores y en gobierno, pasándose por la faja el mínimo consenso que debe existir en normas polémicas que afectan principios fundamentales, supone un abuso de autoridad.

Para los colegios que no estén de acuerdo será legítimo desobedecer la orden y si son católicos, con más razón. Nadie los puede obligar a impartir clases contrarias a sus creencias. La Corte Constitucional cruzó las fronteras judiciales, porque les pidieron resolver el caso de una mujer madura, que no pudo abortar al apelar jueces y médicos a la objeción de conciencia, y acabaron ordenando una campaña masiva que fomentará el aborto y enviará mensajes equívocos a los menores de edad.

Con su sentencia, además, los magistrados violan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos. Si escogen un colegio religioso, buscan una formación integral que abarque cuestiones morales. Y entre ellas no entra, desde luego, el derecho al aborto como una materia más. En caso de abordar esa cuestión, esos centros lo hacen desde un punto de vista que va en contravía de la orden judicial, porque en su lenguaje no mencionan la palabra derecho, sino atentado contra la vida. Pero, incluso, muchos papás que los mandan a centros laicos, seguro que no les parecerá edificante que les muestren a sus retoños que abortar es una posibilidad más de planificación.

Porque no hay que llamarse a engaño. En un país donde el embarazo de adolescentes es un problema de enormes magnitudes, que responde más a una cultura machista que a falta de condones, difundir el derecho al aborto, así sea con todos los matices del caso, terminará siendo recibido como un método extremo de control. También les quedará el concepto de que el ser que nacerá no es humano sino un despojo, a veces imperfecto, y, por ende, susceptible de ser eliminado. Y que los actos irresponsables no tienen consecuencias. O que es legítimo jugar a dioses. Serán los rectores y los profesores, pues, los que ahora apelarán a la objeción de conciencia.