Las masacres, el homicidio selectivo y el desplazamiento indígena, preocupan al organismo.

Las advertencias, que fueron hechas públicas por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, están contenidas en el décimo tercer reporte sobre las actividades de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, que se conoce como MAPP-OEA, y que fue presentado durante la sesión del Consejo Permanente en Washington.

El reporte destaca, aún así, los esfuerzos que viene realizando el gobierno a través de los programas de reintegración de ex combatientes y la participación de la industria privada en este mismo.

En el informe Insulza pide impulsar los mecanismos de prevención y protección a víctimas y operadores judiciales pues se vienen detectando amenazas contra ello solo por reclamar sus derechos.

Menciona, como reto, "el permanente incremento de los índices de participación de víctimas en el proceso de Justicia y Paz y el avance de los procesos judiciales, que plantea nuevos desafíos a la institucionalidad como las imputaciones parciales, los incidentes de reparación, verificación de requisitos de elegibilidad, los estándares probatorios y la unificación de criterios para satisfacer las expectativas referidas a la verdad, la justicia y la reparación".

El reporte como el proceso de Paz ha llegado a una etapa decisiva que requiere del compromiso de Colombia y la comunidad internacional.

Estas son sus conclusiones:

- La Secretaría General renueva el compromiso y apoyo en materia de reintegración, verdad, justicia y reparación; y el apoyo a las víctimas y comunidades, que llevan a cabo el Gobierno y las instituciones de Colombia, con el fin de avanzar hacia el logro de una paz firme y duradera reiterando así su disposición para cooperar en futuros procesos de paz con otros grupos.

- La Misión reconoce la tarea realizada por el Gobierno de Colombia, que ha permitido avanzar hacia la recuperación de la institucionalidad del Estado en aquellos territorios en los que las autodefensas tenían una fuerte influencia, particularmente en la desarticulación de las estructuras ilegales que han surgido con posterioridad a la desmovilización.

- Las dinámicas asociadas a enfrentamientos y alianzas en las que participan las denominadas bandas emergentes, delincuencia y guerrillas causan una grave afectación a las comunidades y a todos los actores que participan en el Proceso de Paz. Esta situación demanda redoblar los esfuerzos realizados por el Estado Colombiano para luchar contra estos fenómenos de manera integral y coordinada.

- La reaparición de masacres como método de acción y medio de intimidación en las disputas entre las denominadas bandas emergentes causan un impacto negativo en las comunidades. Estas se traducen en un temor generalizado de la población, además de los desplazamientos y el desarraigo de los afectados. Es necesario aumentar la presencia de la fuerza pública y desarrollar acciones para evitar que se produzcan esta clase de hechos. La Misión llama la atención y expresa su preocupación por la ejecución de masacres, homicidios selectivos, confinamiento y desplazamiento que se realiza contra algunas comunidades indígenas como el pueblo Awá por parte de los grupos armados ilegales. Se insta al Gobierno a tomar medidas para esclarecer las responsabilidades de estos hechos, a la vez, que se adopten las acciones necesarias para evitar que guerrillas u otros actores armados ilegales continúen afectando a los grupos étnicos minoritarios.

- Se reconocen los esfuerzos que viene implementando la Alta Consejería para la Reintegración a partir de un enfoque comunitario;  que aborda los problemas de estigmatización; involucra al sector privado, para procurar alternativas laborales; y establece, mediante instrumentos legales, políticas públicas en materia de reintegración.

- La Misión reconoce los avances realizados por el Gobierno para articular a todas las instituciones que tienen competencia en la prevención del reclutamiento, con el fin de desarrollar estrategias integrales y sostenibles. Es importante avanzar rápidamente en la toma de medidas necesarias para impedir que esta dinámica, además de lesionar gravemente los derechos de los ciudadanos, contribuya a aumentar los ciclos de violencia.

- El Proceso de Paz se encuentra en una etapa decisiva en lo que respecta a la consolidación de los avances en la reintegración, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y los incipientes procesos de reconciliación y reparación a las víctimas. Colombia ha avanzado significativamente en el reconocimiento de las víctimas como los principales actores, y existe buena disposición por parte de las instituciones y organizaciones sociales para continuar por este camino.

- Es necesario impulsar los mecanismos de prevención y protección para dar respuesta rápida y oportuna a las víctimas y operadores judiciales que se encuentran en situaciones de inseguridad. Se ha detectado que por reclamar sus derechos o por la función que realizan, han sido objeto de atentados y amenazas. De otro lado, es fundamental para el buen desarrollo del proceso de Justicia y Paz proveer una atención integral a las víctimas, garantizarles el acceso al proceso y brindar condiciones para que estas participen activamente.

- El permanente incremento de los índices de participación de víctimas en el proceso de Justicia y Paz y el avance de los procesos judiciales, plantea nuevos desafíos a la institucionalidad como las imputaciones parciales, los incidentes de reparación, verificación de requisitos de elegibilidad, los estándares probatorios, la unificación de criterios, entre otros, para satisfacer las expectativas referidas a la verdad, la justicia y la reparación.

- Las labores de acompañamiento de la Misión a las comunidades permiten determinar la necesidad de un mayor acercamiento de las instituciones a lo local. La desconfianza en las autoridades persiste y puede incidir negativamente en el desarrollo de los procesos de reconciliación, reparación colectiva y memoria histórica.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington