Desde hace varios meses Cali se enfrenta a un trascendental debate que influirá en el futuro urbanístico de esa ciudad. Se trata de las 21 megaobras que el alcalde, Jorge Iván Ospina, busca financiar con el cobro de la valorización para los más de 560.000 dueños de predios en la capital del Valle. El monto del esfuerzo tributario que Ospina les pide a los caleños -869.000 millones de pesos en cinco años- ha despertado una intensa polémica regional, oposición política y de algunos gremios, además de protestas cívicas.

El paquete de infraestructura le cambiará la cara a La Sultana. Contiene ampliaciones viales -la avenida Circunvalar, el hundimiento de la avenida Colombia, la vía al mar-; parques como el Longitudinal en Aguablanca, el del río Cali y la alameda de la Roosevelt; plazas como la de la Caleñidad, tres ciudadelas educativas, seis puentes peatonales y 250 kilómetros de vías. Su impacto se extenderá desde el mejoramiento de la movilidad urbana hasta la infraestructura escolar y mayor oferta de espacios públicos y verdes. Este es el tipo de inversiones cuyos efectos positivos se sienten en la productividad y la calidad de vida de una ciudad. A esto se suman los 38.000 empleos que la Alcaldía calcula que se generarán.

A pesar de las bondades de esta inversión, la llegada de los recibos de cobro a los hogares caleños ha reactivado tanto el malestar ciudadano en algunas comunas como el llamado a una mayor transparencia y claridad en los diseños de las obras. Este es un debate sano para el gobierno local, en el que el respeto a la participación ciudadana es clave para su éxito. Al fin de cuentas, el paquete será financiado con la contribución fiscal de todos los predios caleños -un 60 por ciento del recaudo provendrá del sector residencial-.

La capital del Valle transita así un camino ya recorrido por otras ciudades colombianas, como Bogotá, que han financiado sus costosas inversiones en infraestructura por la vía de la valorización. La realidad de los cofres públicos de las grandes capitales empuja a imponer estas cargas, que nunca son bienvenidas. No obstante, han pasado quince años desde la última vez que Cali hizo uso de este mecanismo de financiación.

Las actuales condiciones económicas del país y del mundo parecen ser las menos indicadas para incrementar los impuestos. Pero las condiciones políticas de la capital valluna son las propicias. Después de muchos años con alcaldes mal calificados y obligados a renunciar por problemas jurídicos, el actual burgomaestre goza de buena imagen, confianza de la ciudadanía y aprobación de su gestión -79 por ciento, según la encuesta de 'Cali Cómo Vamos', iniciativa cívica de la que hace parte esta casa editorial-. Ospina cuenta con el capital político requerido para impulsar un paquete de esta magnitud.

Las decisiones de los últimos días muestran que la Alcaldía también entiende los temores de los caleños con respecto al monto del cobro y a la transparencia del manejo de los recursos. Ya se anunciaron facilidades de pago y el cobro fraccionado en dos etapas, así como la integración de una junta cívica para el seguimiento de las obras.

De un manejo democrático y participativo de este proceso dependerá que la institucionalidad caleña gane la legitimidad y la confianza para acometer nuevos megaproyectos en el futuro. Estigmatizar a los opositores como "enemigos del progreso" es negar el derecho de algunos a debatir las decisiones urbanas.

Al contrario, una vigilancia seria al desarrollo de las obras y al manejo de los recursos es la mejor garantía para que el rechazo de algunos sectores de la ciudadanía se transforme rápidamente en apoyo. Aunque el sacrificio es alto, el avance de Cali en movilidad, espacio público y educación lo requiere.

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