Uno de los puntos es un proyecto de ley que le garantizará asistencia judicial a todo miembro de la Fuerza Pública que llegue a ser procesado por la Corte Penal Internacional.

Antes de que termine el año, según los planes del Gobierno, debe estar aprobada esa iniciativa que tiene mensaje de urgencia del Ejecutivo.

'Blindar' a los militares y policías colombianos frente a la CPI, es una preocupación que -según un alto mando de la época- fue una de las razones para invocar la salvaguarda de 7 años frente a crímenes de guerra.

"No estamos diciendo que vamos a hacer apología al delito o que vamos a presentar un proyecto para la impunidad -dice la representante Lucero Cortes, autora de la iniciativa-. Lo que se busca es que los integrantes de la Fuerza Pública tengan oportunidad de defenderse con plenas garantías si llegan a ser objeto de una investigación en la Corte Penal".

El arma clave del Ministerio de Defensa, sin embargo, es la capacitación en Derecho Internacional Humanitario. Decenas de oficiales y militares con mando directo sobre tropa han pasado por cursos con varias agencias de la ONU en los que les han recomendado, por ejemplo, que cumplan cabalmente con la prohibición de utilizar a niños para labores de inteligencia militar.

Borrar la imagen de que la CPI es el 'coco' para los militares fue lo primero que se plantearon los altos mandos, de cara al primero de noviembre.

El general Julio Armando Guzmán, Inspector de las Fuerzas Militares, fue designado para dirigir la estrategia, que tan solo en agosto pasado incluyó la capacitación para 75 generales de Armada, Ejército y Fuerza Aérea y 810 comandantes de batallones, asesores jurídicos, inspectores delegados y militares en curso de ascenso.

Conferencistas de Venezuela, Perú, Argentina, Bolivia y Colombia explicaron los alcances de la plena vigencia del Estatuto de Roma, tomando como base los casos de los países africanos donde ya intervino la CPI.

El análisis incluyó un capítulo sobre lo que los militares llaman las 'Lecciones aprendidas': esto es, casos emblemáticos como el Palacio de Justicia, la masacre de Mapiripán y el bombardeo a Santo Domingo.

En dos semanas, además, estará listo el Manual de Derecho Operacional, que contiene las nuevas reglas de enfrentamiento y que señala claramente cómo deben actuar los militares antes y después de las operaciones.

Y se trabaja con la Fiscalía y la Procuraduría para depurar las bases de datos y establecer el estado real de las investigaciones por derechos humanos que compromenten a miembros de la Fuerza Pública.