Ramírez fue denunciada por supuestamente violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

El procurador delegado Augusto Serrato intervino hoy en la audiencia pública programada dentro del proceso de pérdida de investidura que adelanta el Consejo de Estado contra la hoy precandidata presidencial por el Partido Conservador.

Según la denuncia que tramita el Consejo de Estado, Ramírez se posesionó como senadora para el periodo 2006 -2010 habiendo suscrito un contrato de consultoría con una entidad del Estado (Bancoldex), seis meses antes de su elección, la cual fue anulada por la sección quinta del alto tribunal hace tres meses.

Serrato aseguró que dicho contrato inhabilitaba a Ramírez para ocupar el cargo.

De acuerdo con el procurador, Bancoldex es una entidad con una participación estatal del 79 por ciento, y según la ley 80 las empresas mixtas deben ser consideradas como estatales.

De este modo, la Procuraduría desvirtuó los alegatos de la defensa en los que se asegura que el contrato que firmó Ramírez con Bancoldex era de derecho privado.

Por su parte, la precandidata aseguró que el contrato que firmó, por 10 millones de pesos, no le brindó beneficio económico alguno, sino que los recursos fueron utilizados para organizar una serie de desayunos con empresarios que estaban interesados en los alcances del TLC.

"No tuve remuneración ni saqué ventajas políticas de esos encuentros, lo que firmé fue un acuerdo no un contrato, sin beneficios", afirmó Ramírez.

"Hay gente interesada moviendo esto y eso resultó evidente durante los dos días previos a esta audiencia en el Consejo de Estado, mediante la filtración que se hizo a diferentes medios sobre las supuestas opiniones dividas de los consejeros de estado", agregó.

De ser acogida la petición del Ministerio Público, Ramírez no podrá aspirar a cargos de elección popular, es decir, que no podría postularse como candidata a la Presidencia.

En la audiencia pública participaron los 28 magistrados del Consejo de Estado, reunidos en sala plena.