Se cumplirán dos años, este 27 de septiembre, de la suscripción por parte de Colombia ante la ONU de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada. Sin embargo, no entra en vigor aún, pues el Gobierno colombiano debe presentar un proyecto de ley ante el Congreso para aprobar su plena ratificación.

A pesar de estar presente en más de 80 países del mundo y tener antecedentes en el régimen nazi, la desaparición forzosa ha tenido que soportar un largo y complicado camino para ser considerada un crimen autónomo de lesa humanidad. Camino que parece reproducirse en la realidad colombiana desde que en 1977 se registró el primer caso de este drama. Hoy no se conoce el número exacto de desaparecidos en el país, aunque algunas organizaciones de derechos humanos calculan el total de víctimas entre 15.000 y 50.000. Este atroz crimen no se detiene y ya trasciende generaciones. En sus marchas, los familiares combinan imágenes antiguas de desaparecidos con fotos recientes.

Espanta saber que solamente los paramilitares que se han sometido a la Ley de Justicia y paz han confesado 21.000 asesinatos. De ellos se han comprobado 5.808 y la Fiscalía, con todas las dificultades del caso, en julio, solo había podido exhumar e identificar a 2.494. Pero se habla de 26.000. Sin contar los horrores cometidos por las Farc, que tienen en su negro prontuario varias de las más escalofriantes masacres, además de las que siguen cometiendo. O de las víctimas del Eln. A ello, desde luego, hay que agregarles crímenes de Estado, como la vergüenza de los mal llamados 'falsos positivos': las desapariciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, donde se busca esclarecer la muerte de 812 personas, y unos 1.600 militares están siendo investigados, incluidos tres coroneles.

Pero ahí no se pueden cerrar las impresionantes cifras. Hay que sumarles las cometidas por bandas de delincuentes comunes. En Bogotá, una tenebrosa manguala venía desapareciendo camioneros, en asocio infame con cuatro policías activos. Un hecho espeluznante que evidencia hasta dónde han llegado la degradación humana, las ansias de dinero y la sangre fría para quitarles la vida a seres inocentes. Catorce criminales que mataron a 12 trabajadores del volante fueron capturados y se los acusa de 39 asesinatos. Deben recibir la máxima condena.

Todo esto forma parte de un funesto panorama, de una desgracia para cualquier sociedad. Pero no todo está perdido. Tarde, porque la justicia es lenta, pero se despierta la conciencia. Es tiempo de reconocer este drama e impulsar la ratificación del mencionado tratado internacional. Que, en síntesis, exige prevenir las desapariciones, encontrar la verdad, proteger a los testigos, buscar a los desaparecidos, aun sus restos, castigar a los autores y reparar a las víctimas y sus familias. Por esta razón, esta convención se considera una de las que más enérgicamente defienden los derechos humanos.

Septiembre parece traernos buenas voluntades en materia de defensa de las víctimas. Hace pocos días, Chile- nación que sufrió el rigor de la dictadura- aprobó la ratificación. Es de elemental justicia que el Gobierno incluya esta indispensable herramienta en nuestra normatividad.

Es una deuda con los afectados y una luz de esperanza para millares de familias de desaparecidos y un nuevo escudo protector para que nadie sea sometido a tanto dolor. Más que ningún otro país, y más que nunca, Colombia tiene que enviar un mensaje claro de que las víctimas no están olvidadas, de que sus familias podrán hacer el duelo y de que el Estado quiere detener la tragedia y reparar.