En su versión para niños, la democracia es el gobierno del pueblo, y se manifiesta por el derecho de las mayorías a gobernar. En su versión para adultos, incluye, además, la idea de que las reglas de juego, las que definen los mecanismos electorales y los poderes del gobierno, deben ser aceptadas por toda la sociedad. En nuestros países, muchos creen que exigir que las reglas de juego tengan la aprobación de las minorías es antidemocrático, pues las mayorías tienen el derecho a decidirlas.

Que las mayorías fijen las reglas libremente ha tenido malas consecuencias. En 1933, en Alemania, el parlamento, con el voto de las mayorías y el apoyo de la opinión, prohibió los partidos minoritarios y abrió el camino para la dictadura nazi. En Colombia, en 1826, el Congreso decidió que las normas de la Constitución de Cúcuta, que determinaban cuándo y cómo podía reformarse, podían ser ignoradas, pues surgían del pueblo y, por lo tanto, este no estaba obligado a cumplirlas: la voluntad popular, expresada en actas plebiscitarias que pedían reforma inmediata, primaba sobre las normas y procedimientos constitucionales. Esto llevó a la dictadura de Bolívar, hecha a nombre de la opinión del pueblo, contra el legalismo "santanderista", que creía que lo clave, a largo plazo, era que los ciudadanos aprendieran a respetar la ley.

Muchas veces, las mayorías han decidido que, como representan al pueblo, pueden cambiar las reglas de juego sin respetar la opinión de las minorías. Así ocurrió en 1859 y en 1898, cuando el Congreso expidió leyes electorales que favorecían al Gobierno: en ambos casos, el resultado fue la guerra civil. Y en 1863 y 1886 se reunieron asambleas constitucionales, con representación de un solo partido, que crearon reglas de juego calculadas para garantizar el triunfo indefinido de los que estaban en el gobierno. Entre 1863 y 1886 nunca se eligió un presidente conservador; entre 1886 y 1904 solo dos liberales lograron ir al Congreso.

Ninguna de esas constituciones trajo paz al país. Solo la reforma de 1910, que dio derechos, aunque limitados, a la minoría, produjo unas décadas de relativa tranquilidad, que volvieron a interrumpirse, hace sesenta años, por la incapacidad de establecer un sistema electoral en el que todos los partidos pudieran confiar.

Esta idea de que la mayoría tiene el derecho a decidir sola las reglas de juego produce, como es lógico, inestabilidad y caos. Mientras que en 190 años Colombia ha tenido 8 constituciones y ha reformado casi 30 veces la de 1991, en los Estados Unidos, una democracia adulta, sigue en pie la Constitución de 1787, con menos reformas que la nuestra de 1991.

Una razón es que allí la Constitución, que establece las reglas del juego político, no puede cambiarse sin aprobación de la minoría: una reforma constitucional necesita el voto favorable de las dos terceras partes de la Cámara y el Senado, y de la cuarta parte de los estados. Trece estados, con menos del 5 por ciento de la población, pueden negar una reforma. Antidemocrático, si uno cree que en una democracia las mayorías definen las reglas de juego; democrático, si uno cree que esas reglas deben ser fijadas de común acuerdo por todos los jugadores y que no conviene que el más fuerte las cambie cuando crea que eso puede favorecerlo.

Cambiar las reglas en mitad del partido, cuando conviene a la mayoría, es contra la lógica de una democracia madura. En Colombia se ha hecho muchas veces y los resultados han sido siempre malos. Ahora se hará otra vez: el plebiscito sobre reelección, apoyado por las mayorías y que se aprobó por métodos dudosos, servirá para lograr ventajas de corto plazo. A largo plazo, el costo de corromper y manipular las reglas y valores básicos de la democracia, el daño a las instituciones y la cultura política del país pueden ser inmensos.
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