El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley que pretende continuar por cuatro años con el impuesto al patrimonio, sobre cuya conveniencia no se ha logrado un consenso.

Sin embargo, al margen de discusiones académicas, es urgente advertir de un efecto nocivo de este impuesto: introduce una fuerte presión para que municipios y distritos no actualicen sus bases tributarias inmobiliarias para evitar el pago del impuesto.

Aunque las tasas de los impuestos municipales a la propiedad son bajas (la tarifa efectiva promedio municipal rondaba el 4,8 por mil en 2007), la oposición a los ajustes de la base catastral provienen del temor de pagar un mayor impuesto al patrimonio, cuyas tarifas y bases gravables son significativamente superiores a las del predial.

El gran temor es que, por la gran presión de los contribuyentes, se renuncie a las actualizaciones, en la medida en que el impuesto al patrimonio se perciba como permanente. Es grave si se tiene en cuenta que la actualización del censo predial no es sólo una herramienta fiscal sino un instrumento clave para conocer la realidad socioeconómica de los municipios para adoptar adecuadas políticas públicas.

El predial es una de las principales fuentes de financiación de los municipios -el 32 por ciento de los ingresos tributarios-. Pese a ello, el 52 por ciento de los predios del país están sin actualizar.

La realización de estos procesos de actualización está ligada al fortalecimiento de la institucionalidad municipal, a la correcta determinación de los derechos de propiedad y a la consolidación de la descentralización. Lograr este cometido depende, entre muchas cosas, de la aceptación de los contribuyentes de los procesos de actualización.

Con el impuesto al patrimonio se obstruye el interés del propio Gobierno Nacional de fortalecer los fiscos territoriales y los municipios que se han dado a la tarea de actualizar sus bases catastrales -los fiscalmente aplicados- resultan más afectados que aquellos que se resignan a depender de las transferencias del gobierno central. La presión irá en contra de quienes han hecho la tarea. Empresas descentralizadas del nivel territorial como TransMilenio deben registrar contablemente en sus patrimonios la infraestructura pública y pagan este impuesto por bienes que no tienen ningún tipo de rentabilidad económica.

Es necesario que el Gobierno Nacional pondere el impacto del impuesto al patrimonio sobre los entes territoriales, las señales que se generan en términos de institucionalidad y de quienes se benefician con la medida -los contribuyentes en cuyos municipios no se ha hecho la tarea-. Si el ejecutivo promueve acuerdos internacionales para evitar la doble tributación, atraer la inversión y consolidar la seguridad jurídica, ¿por qué no hacer algo similar con municipios y distritos?

JUAN RICARDO ORTEGA L.
SECRETARIO DE HACIENDA DE BOGOTÁ