El Ministerio Público terció en la polémica jurídica que desató la decisión de la Corte Suprema de Justicia de continuar la indagación y de llamar a los representantes a la Cámara a versión libre.

El Ministerio Público apeló la medida y pidió a los magistrados que se declaren inhibidos de continuar las indagaciones por considerar que en este caso no hay delito.

La decisión de escuchar en versión libre a los parlamentarios fue tomada por una comisión investigadora de la Sala Penal de la Corte integrada por los magistrados Yesid Ramírez Bastidas, María del Rosario González de Lemos y Jorge Luis Quintero Milanés, que se apartó de la decisión de sus colegas y salvó el voto.

En su petición, el Ministerio Público acoge la tesis del magistrado Quintero Milanés y que fue rechazada por sus compañeros. La solicitud reitera a los miembros de la comisión investigadora de la Corte, que no existen méritos para continuar la indagación a los legisladores por haber votado el proyecto de referendo reeleccionista, sin que la Registraduría certificara el estado de las cuentas del mismo.

La indagación fue abierta por una denuncia instaurada, en diciembre pasado, por el representante del Polo Democrático Germán Navas Talero. Él aseguró que los parlamentarios que votaron el referendo, a sabiendas de que la Registraduría no había certificado la validez de las cuentas que permitieron la recolección de más de 4 millones de firmas, presuntamente incurrieron en el delito de prevaricato.

Al igual que lo expresado por el magistrado Quintero Milanés en su salvamento de voto, la Procuraduría considera que frente al principio de inviolabilidad de los votos de los congresistas, no se puede sostener que existe un delito o que los legisladores se hubiesen extralimitado en sus funciones.

Quintero Milanés señala que si hubo alguna ilegalidad en el trámite de la recolección de firmas, esa situación debe decidirla la Corte Constitucional, posición que la Procuraduría respalda. Según la apelación, la justicia penal no puede entrar a calificar la legalidad de ese trámite ni examinar la conducta de los congresistas en ese aspecto.

En la providencia que salió finalmente de la comisión investigadora de la Corte, los magistrados ordenaron escuchar en declaración al registrador Carlos Ariel Sánchez y al magistrado del Consejo Nacional Electoral Joaquín José Vives, investigador de las cuentas del referendo.

Para la Procuraduría, estas indagaciones son innecesarias.

REDACCIÓN JUSTICIA