Según Fiscalía, hubo un acuerdo entre funcionarios del organismo, encabezados por los directores desde 2004, para llevar a cabo "actividades por fuera de la ley" con el fin de neutralizar opositores.

Ese duro señalamiento es la almendra de las primeras órdenes de captura por el caso, que afectaron a 10 personas. José Miguel Narváez, subdirector en tiempos de Jorge Noguera, y Martha Leal siguen prófugos.

Y en el expediente se anticipa que otros funcionarios cuestionados, como Jaime Fernando Ovalle, "admitieron participación en procedimientos ilegales".

De hecho, varios hechos reconocidos por Ovalle son el sustento de la Fiscalía para dictar las medidas de aseguramiento contra varios de sus antiguos compañeros en el DAS.

En el extenso documento, la Fiscalía dice que, es un hecho, desde el grupo secreto G-3, que se interceptaron comunicaciones telefónicas y correos electrónicos y que se hicieron seguimientos "sin que para ello mediara orden judicial previa".

También, que de manera ilegal se obtuvo información reservada "sobre determinadas personas de la vida nacional tales como magistrados de las altas cortes, periodistas, políticos de oposición al Gobierno nacional, sindicalistas, ONG, organizaciones defensoras de derechos humanos y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, entre otros".

"Esta actividad (está) por fuera de la ley. No está inmersa en el concepto de inteligencia y contrainteligencia y se venía adelantando desde la llegada a ese organismo del entonces director Jorge Aurelio Noguera Cote, para lo cual se diseñó toda una estrategia organización, se seleccionaron las personas que se encargarían de llevar a cabo este cometido y se dispusieron de los medios para llevar esta funesta labor".  

La Fiscalía dice que el concierto para delinquir se hizo "de común acuerdo entre los directores del DAS y los encargados de las direcciones y subdirecciones a través de las cuales se llevaría a cabo la actividad ilícita".

¿Sus argumentos? Por ejemplo, un memorando del 17 de febrero del 2004 que Jaime Fernando Ovalle le dirige a Jacqueline Sandoval Salazar en su calidad de subdirectora de Contrainteligencia, en el que solicita adelantar labores técnicas dentro del proceso de recolección de información sobre el caso Transmilenio (interceptaron los celulares de ocho integrantes del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, así como los teléfonos fijos y el fax de esa entidad).

Los fiscales también reseñaron documentos internos del DAS que ordenaban seguir al senador Gustavo Petro. A él incluso le esculcaban la basura de la casa, en busca de supuestos documentos comprometedores. 

El propio Jorge Alberto Lagos, ex jefe de Contrainteligencia, hizo en su indagatoria duros cuestionamientos al G-3. Según él, al averiguar por ese grupo cuando supuestamente ya había sido desarticulado, se enteró de que "realizaban actividades de recolección de información y presionaban y en algunos casos intimidaban a algunos de ellos (sus blancos). Esa intimidación de pronto era enviando sufragios". La tesis es que ese tipo de acciones continuaron a través del tiempo, hasta que la noticia de la llegada de Felipe Muñoz a la Dirección del DAS, en enero, llevó a varios de los involucrados a intentar destruir los rastros de lo que venían haciendo.

La providencia es contundente en sus afirmaciones: "Se aprecia que los integrantes de esta empresa criminal, liderada por el propio director de turno del Departamento, idearon, acordaron y pusieron en marcha un propósito por fuera de los cauces legales, no con la finalidad para lo cual esta creado el DAS, sino para satisfacción de intereses oscuros aún no determinados (...) Este grupo de personas procedió contra derecho al desbordar funciones y utilizar el cargo para protervos fines, incluso llegar a ponerlos al servicio de bandas y mafias criminales".

El grueso de estas decisiones tiene que ver con los seguimientos a ONG, políticos y periodistas. Pero el documento señala que hay "otro patrón" en las actividades del DAS: "So pretexto de prevenir y aclarar eventuales compromisos penales de ciertos ciudadanos, se utilizan labores atípicas de indagación para realizar claras tareas de investigación en torno de aforados constitucionales (magistrados) sin autorización de funcionario judicial alguno".

¿Qué sigue en el caso? Una vez la Corte resuelva la recusación que los ex directores Noguera, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo interpusieron contra la Fiscalía, de acuerdo con las fuentes que conocen el caso, podrían darse nuevas capturas.

En todo caso, los responsables de la investigación tienen ante sí el reto de sustentar su tesis de concierto para delinquir continuado desde el 2003, que le permitió a la Fiscalía de Mario Iguarán llevar el proceso bajo las normas del anterior sistema penal y no por el penal acusatorio, que habría obligado, por ejemplo, a que las capturas tuvieran que ser autorizadas por jueces de garantías.

También está por verse hasta dónde el sucesor de Mario Iguarán en el despacho del Fiscal General está de acuerdo con esa estrategia.

Ovalle reconoció que había una lista de personas a las que se les hacía seguimientos de Inteligencia de las que se tenía "hojas de vida por requerimientos verbales de las directivas (del DAS):

• Gustavo Petro
• Alirio Uribe
• Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
• Comisión Colombiana de Juristas
• Wilson Borja
• Carlos Lozano
• Piedad Córdoba
• Antonio Navarro
• Horacio Serpa
• Hollman Morris
• Luis Eduardo Garzón
• Alfonso Gómez Méndez
• Carlos Gaviria
• Alvaro Leyva
• Gloria Cuartas
• Ramiro Bejarano
• Francisco Santos
• Monseñor Nel Beltrán
• Luis Alfonso Hoyos
• Pedro Juan Moreno Villa
• Rodrigo Escobar Gil
• Clara Inés Vargas
• Jaime Araújo Rentería
• Alfredo Beltrán Sierra,
• Marco Gerardo Monroy Cabra
• Jaime Córdoba
   

REDACCIÓN JUSTICIA