La negociación para que personal norteamericano opere en tres bases militares del país, abre debate sobre los verdaderos alcances de los convenios para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.

No debe causar sorpresa el debate que se abrió por cuenta del anuncio del Gobierno de permitir la operación de tropas estadounidenses en tres bases militares colombianas. Lo sorprendente es que la controversia no se haya desatado antes, cuando CAMBIO reveló en la primera semana de julio los detalles de los acuerdos que están a punto de firmarse y que permitirían, entre otras cosas, la inmunidad judicial a los militares y contratistas que llegarían al país, una vez el convenio quede en firme.

Es apenas natural que una decisión tan trascendental sea auscultada con lupa por todas las instancias del Estado, desde el Congreso y el Consejo de Estado, que tienen la obligación constitucional de ocuparse del tema, hasta el ciudadano de a pie, que debe conocer los alcances del acuerdo.

Mientras el presidente Uribe lo calificó como "de la mayor conveniencia para el país" y el general Fredy Padilla, ministro encargado de Defensa, envió un mensaje prudente a los vecinos, a quienes les dijo que "pueden estar tranquilos", en la otra orilla sectores de la oposición nacional y gobernantes del área andina, como Evo Morales, hablaron de "violación de la soberanía" y de "gobiernos traidores". ¿Cuáles son, entonces, las implicaciones que tiene la utilización de las bases por estadounidense para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo?

Cerrada la base de Manta, casi la única alternativa para los norteamericanos en procura de obtener su reemplazo era Colombia. No solo por la ubicación geográfica del país, sino porque la tradición de cooperación militar entre ambas naciones le otorga un especial valor estratégico que hace ver como obvio que sea considerada la mejor alternativa para Estados Unidos. 

No hay duda de que el principal problema de EE.UU. frente a los países latinoamericanos está ubicado en el eje andino, que integran Colombia, Perú y Bolivia en mayor medida, y en menor, Venezuela y Ecuador, que es alrededor de los que gira la producción y comercio de la mayor porción de drogas ilícitas que entran a ese país.

Pero la escogencia de Colombia no solo tiene que ver con la tradición de cooperación militar. También está relacionada con el monto de la ayuda a las Fuerzas Armadas de Colombia, y a las de Policía, que las han hecho cada vez más dependientes de la asistencia estadounidense.

El arrinconamiento en que hoy se encuentran las Farc es fruto casi exclusivo, desde el punto de vista económico, del hecho de que el país haya podido liberar recursos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico para dirigirlos a enfrentar a la subversión, sobre la base de que ésta la podía financiar con la ayuda externa, sin pasar por alto que cada golpe al narcotráfico es un mazazo contra las finanzas de las Farc, que se nutre del negocio.

En conclusión, no solo Estados Unidos necesita urgentemente trasladar su base de Manta, y Colombia era su mejor opción, sino que para Colombia negarse a aceptar ese traslado era casi imposible, pues la urgencia del uno termina complementándose con la necesidad del otro.

Tradicionalmente la operación de agentes norteamericanos en territorios extranjeros ha sido objeto de rechazo en América Latina. Sin embargo, no ocurre así en otras latitudes, como Europa y Asia, donde su presencia es casi siempre bienvenida y en muchas ocasiones, incluso, deseada. Es probable que ello ocurra por las circunstancias históricas en las que cada intervención se produjo.

En efecto, para Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, las tropas estadounidenses encarnan el concepto del "americano heroico y afable", que en la Segunda Guerra Mundial puso todos sus medios tecnológicos, su poderío militar y la sangre de sus hombres para rescatarlos de la pesadilla nazi. Para Corea del Sur, o para Turquía, los estadounidenses significan la existencia misma de su país, frente al poderío del comunismo en los cincuenta y sesenta, o su simple existencia en plena Guerra Fría.

En contraste, las intervenciones norteamericanas en América Latina han sido símbolo de violación de los Derechos Humanos y ataques a la soberanía. Su participación en el derrocamiento de Jacobo Arbens en Guatemala, o Salvador Allende en Chile, y su respaldo a las dictaduras de Pinochet y de todos los Videlas y compañía en Argentina, de Strossner en Paraguay, o de Somoza en Nicaragua, crearon en el inconsciente colectivo latinoamericano el  concepto histórico de que los gringos no intervienen sino para proteger sus compañías bananeras y sus trasnacionales, y que siempre han sido cómplices de la corrupción, ocurridas por cuenta de esas dictaduras.

La izquierda ha sabido explotar ese 'sentimiento' de manera muy hábil. Y es por eso que cada vez que se habla de cooperación con Estados Unidos siempre se entiende que se trata de una violación a la soberanía nacional.

El acuerdo de traslado de operaciones de Manta a Colombia no es el atentado a la soberanía que quieren significar sus detractores, ni un intrascendente convenio, como quieren hacerlo aparecer sus defensores. Ciertamente, y en estricto sentido técnico, no hay cesión de soberanía, en cuanto no se les autoriza a que en una parte del territorio nacional opere una base autónoma norteamericana bajo su bandera y sus leyes.

La bandera de Estados Unidos se verá en las bases de Malambo, Palanquero y Apiay, pero tendrá que ondear en un plano más bajo al de la colombiana, pero habría que ver si los norteamericanos van a dejar que los nacionales metan mano en sus equipos, o utilicen, a discreción, algunos de ellos.

Pero más allá de los acuerdos, a Colombia no le resultaba fácil negarse a ampliar y consolidar la cooperación con Estados Unidos, pues, es evidente que ganará en transferencia de tecnología y conocimiento de la operación de equipos aéreos, navales o de inteligencia electrónica que le servirán para optimizar su lucha contra la subversión, que sigue siendo el principal problema.

Las preocupaciones de los vecinos son un factor que el Gobierno debe considerar y le corresponde a la diplomacia convencerlos, especialmente a Venezuela, de que el incremento de personal militar norteamericano en un sitio tan cercano a la frontera como Malambo, en el Atlántico, no es una amenaza para su seguridad. La Cancillería está en mora de iniciar esa ofensiva diplomática. Ojalá que no le coja la noche, pues el costo político de esa torpeza podría resultar demasiado alto para Colombia.

Por ÓSCAR MONTES
Jefe de Redacción CAMBIO