El Programa ya había enviado ocho informes previos que la Corte consideró insuficientes, pues  "carecían de una reflexión profunda y adecuada en términos de política pública de atención integral" y "muestran que los avances están siendo lentos en relación con la dimensión de la problemática y el drama humanitario del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia".

La Corte le dio plazo a Acción Social, como coordinador de la acción del Estado frente al problema del desplazamiento, hasta el primero de julio del 2010 para "demostrar que se ha superado el estado de cosas inconstitucional" que existe en relación con la situación de los desplazados del país.

Este jueves en la tarde Acción Social terminaba de ajustar las respuestas que dará en la audiencia de este viernes, entre las que aparece la inversión de más de 5 billones de pesos para la atención de los desplazados hasta el 2010.

También hablará de los planes de retorno y reubicación que cuentan con fondos por 30 millones de dólares que se obtuvieron gracias a un crédito del Banco Mundial.

Entre las estadísticas de Acción Social aparece que, a julio del 2009, se han entregado más de 90 mil subsidios de vivienda y que más de 3 millones de campesinos se han beneficiado con el programa Red de Seguridad Alimentaria.

También, que en los últimos  dos años 140 mil familias desplazadas (el 25 por ciento del total de casi 696 mil hogares) recibieron apoyo para reforzar o crear pequeños negocios.

Los magistrados indagarán por los planes piloto para evitar el reclutamiento de menores en Putumayo, los accidentes con minas en Samaniego (Nariño), la victimización de niños en Medellín y los planes para mejorar la calidad y cobertura de la atención de menores de familias que huyeron de sus tierras y se refugiaron en Cartagena, Arauca, Sincelejo, Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Policarpa (Nariño), Florencia y San José del Guaviare, entre otros municipios.

De acuerdo con el presidente de Codhes, Jorge Rojas, las preguntas 'de fuego' estarán dirigidas a los avances en la política de vivienda y tierras --esta debía estar lista desde el 30 de junio pasado-- y la generación de ingresos para la población  desplazada.