Así lo ha establecido una comisión especial del organismo de control en un informe sobre el estado en que se encuentran los procesos disciplinarios abiertos por estas denuncias.

Durante los últimos seis años, la Procuraduría ha abierto investigaciones por la muerte de 812 personas en aparentes casos de este tipo.

El informe, que fue entregado el alto comisionado de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, durante su reciente visita al país, concluye que hay  cinco 'perfiles' de las víctimas de los ejecuciones extrajudiciales.

Los militares  investigados hacen parte de 32 brigadas (nueve de ellas móviles) y de tres comandos operativos. Del total de implicados, 301 son oficiales, 488 son suboficiales y 814 son soldados profesionales. La mayoría de los casos han ocurrido en  siete unidades que hacen parte de la Quinta División, que tiene jurisdicción en Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila.

En la Quinta División, creada hace nueve años por el Gobierno y con sede en Bogotá, se investiga a 202 militares, 40 de ellos con grado de oficial. Estas personas habrían participado en 59 casos de ejecuciones arbitrarias, señala el informe disciplinario.

En total son 686 los expedientes abiertos por la Procuraduría por este tipo de hechos. Hasta el momento, sólo en cinco casos se ha proferido un fallo de destitución e inhabilidad contra los militares investigados; en 29 casos se han formulado pliegos de cargos y en 19 se decidió archivar el proceso.

Los perfiles de las víctimas:

El caso Soacha

Según los investigadores del Ministerio Público, en el caso Soacha --por el que la Fiscalía tiene detenidos a caso 40 militares, entre ellos dos coroneles-- se ha determinado que los víctimas fueron inicialmente contactadas por particulares y entregados  a militares. Es un modus operandi que se repitió por varias zonas del país y que tiene varias particularidades.

- Las personas muertas conocían o eran amigos del reclutador, dice el informe. Habían estado involucrados en hurtos, atracos y otros delitos. Por lo regular eran desempleados, muchos tenían antecedentes penales y eran adictos a las drogas.

- Los reclutadores los engañaban con falsas promesas de trabajo en fincas o en actividades delincuenciales. De esa forma conseguían que de manera voluntaria se trasladaran hasta el sitio en que debían ser entregados a sus verdugos. En el sitio, les retenían los documentos y después eran llevados hasta un falso retén militar y detenidos por indocumentados.

- En el caso concreto de Soacha, la Procuraduría ha abierto hasta el momento 18 expedientes con 31 víctimas asesinadas en falsos combates. En ocho casos, el proceso disciplinario está en etapa formal. Los investigadores han implicado por estos hechos a 63 miembros del Ejército adscritos a los batallones Santander, Rafael Reyes y el de Infantería de Marina 15, todos pertenecientes a la Segunda División. Diez de los implicados son oficiales, 14 son suboficiales y 39 son soldados profesionales.

Otras modalidades

Del análisis de las denuncias en el resto del país se han establecido otros cuatro perfiles de las víctimas de 'falsos positivos', según la Procuraduría.

En muchos casos se han encontrado casos de personas que fueron retenidas por patrullas del Ejército. Fue una modalidad utilizada en varios sitios de Antioquia. Algunas víctimas, establece el informe, habían prestado alguna colaboración o auxilio a grupos  armados al margen de la ley; otras eran sindicalistas o líderes comunales.

La identidad y ubicación de estas personas eran entregadas a los militares por desmovilizados, reinsertados o miembros de las redes de cooperantes creadas por el Gobierno en la lucha contra la delincuencia.

Otro perfil corresponde a casos de 'limpieza social'. Dice la Procuraduría que las víctimas eran seleccionadas en centros urbanos. Por lo regular eran indigentes, personas solas o forasteros que eran detenidos y de inmediato eran conducidos hasta el lugar donde se iba a escenificar el supuesto combate.

Un tercer grupo es el de personas asesinadas o secuestradas por grupos paramilitares y entregadas a patrullas involucradas en estos hechos. Hay decenas de casos documentados en unidades militares como el Batallón La Popa, de Valledupar.

También han encontrado hechos en los que se ha presentado el caso contrario: militares retenían a las personas y las entregaban a los grupos armados ilegales. Después aparecieron asesinadas.  

REDACCIÓN JUSTICIA