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Consejo Superior de la Judicatura ha destituido a 80 jueces en 17 años

8 fiscales y 3 jueces han sido sancionados por ese alto tribunal en el último mes. Desde 1992 se han sancionado disciplinariamente 1.415 jueces y fiscales.

En la mayoría de los casos, las sanciones se han impuesto por omisiones o errores en sus funciones.

Hay casos como el del juez de Cumaribo (Vichada), Edwin Javier Murillo Suárez, quien fue suspendido el pasado mes de mayo por 30 días por no respetar los términos en los procesos que adelantaba. Según la acusación, el funcionario dilató el trámite de dos acciones de tutela y un proceso por violencia intrafamiliar.

El juez Murillo consideró que con los permisos para ausentarse de su despacho y asistir unos cursos de capacitación sobre el sistema penal oral acusatorio, y de paso resolver algunos asuntos personales en la ciudad de Villavicencio, obligatoriamente llevaba a suspender los términos en los procesos que tenía a su cargo.

La carga de trabajo es la excusa que han esgrimido caso todo los funcionarios judiciales sancionados para justificar el incumplimiento de sus obligaciones.

De hecho ese fue el argumento de la fiscal 17 especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, Sandra Victoria Pinzón Garzón, suspendida un mes por no haber resuelto la solicitud de libertad de un hombre detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá, 21 días después de haberla presentado.

La fiscal Pinzón alegó haber tenido inconvenientes por  haberse represado en su despacho 60 casos con persona detenida a quienes tenía que resolver su situación jurídica y decidió aplicar el turno de llegada de los casos a su poder y no dar prioridad a los procesos de mayor urgencia.

Para la Judicatura, la carga de trabajo no era una excusa suficiente para negar la solicitud del detenido, quien tenía derecho a su libertad.

Otro de los funcionarios sancionados, el juez quinto laboral de Ibagué Idelfonso Muñoz, fue suspendido un mes por no haber suspendido un proceso hasta que uno de los demandantes hubiera sido avisado de una sanción a su apoderado y permitir que lo reemplazara.

En promedio, la Judicatura investiga a 167 servidores judiciales cada año por faltar a su deber y de ellos y de ellos 83 casos terminan con sanción.

En lo corrido de este año, el alto tribunal ha confirmado sanciones contra 25 funcionarios y ve con preocupación un aumento en este tipo de decisiones.

Revisando la tendencia de los últimos 18 meses, la cifra alcanzó los 113 casos.

Además, investiga casos como la denuncia hecha por el gobierno y la Policía sobre presuntas irregularidades en algunos juzgados de Medellín y Antioquia al ser resuelta la situación jurídica de personas detenidas por la Policía.

Las indagaciones de la Judicatura se han centrado en 76 casos en los que los jueces ordenaron la excarcelación de varios capturados, según la Policía, en actos de flagrancia. La mayor parte de esos casos son de personas con antecedentes judiciales detenidas por porte ilegal de armas.

La Corte Constitucional también ha solicitado varias veces durante este años investigar a funcionarios judiciales por omitir sus deberes.

La última denuncia fue hecha hace un mes, los magistrados del alto tribunal enviaron copias a la Judicatura para investigar a varios jueces en Santander que desde noviembre del 2008 tuvieron rebotando de juzgado en juzgado una tutela para la atención en salud de una persona.

Cincuenta abogados son sancionados cada mes

Pero en el caso de los abogados, la situación es mucho más preocupante. Por cada cinco jueces o fiscales que son destituidos anualmente, en promedio, la Judicatura excluye a 13 abogados, es decir, les retira su tarjeta profesional y los inhabilita de manera permanente para ejercer su carrera.

En la última semana, la Sala Disciplinaria del alto tribunal sancionó disciplinariamente a 79 profesionales del derecho. Del total de 11.600 sanciones tramitadas por el alto tribunal desde septiembre de 1992, año en que inició funciones, 10.110 de los sancionados son abogados. De ellos, 4.449 han sido suspendidos en sus cargos de manera provisional, 4.875 han sido censurados y 228 han sido excluidos de la profesión.

Solo en este mes, la Judicatura confirmo 180 sanciones contra abogados y censuró a otros 111 profesionales por faltas éticas y también investiga denuncias sobre la supuesta existencia de una supuesta mafia de profesionales del derecho que se estarían aprovechando de los desplazados para quedarse con las ayudas que suministra el gobierno.

Se han evidenciados situaciones como la de Nubis Mercedes Mejía Álvarez, uno de los cinco abogados a quien la Judicatura ha excluido de por vida de la profesión en lo corrido del año por faltar a su deber y a la ética.

La profesional fue contratada para efectuar el cobro judicial de seis deudas respaldas por cheques y letras de cambio. Pero la apoderada no efectuó el trámite en forma debida. No sólo abandonó algunos de los casos.  En uno de ellos, falsificó la firma de su apoderada en uno los títulos valores para recibir ella el pago del dinero sin informarlo a su cliente.

Los actos sancionados incluyen casos como el del abogado Luis Antonio Vargas Álvarez, quien también figura entre los cinco excluidos de la profesión este año por haber presentado en cuatro despachos judiciales diferentes la misma acción de tutela contra la Secretaria de Hacienda de Bogotá y haberlas impugnado en segunda instancia al ser rechazadas.

Los abogados denunciados estarían cobrando a un grupo de familias de desplazados trámites que son absolutamente gratuitos o han suplantado a más de 1.200 víctimas, aseguraron los denunciantes de Magdalena, Antioquia, Bogotá y Valle, donde han ocurrido la mayoría de los casos.

El primer caso de 2009

Una llamada telefónica puso a las autoridades sobre la pista del fiscal José Raymundo Mateus Sarmiento.

En ella, la supuesta viuda de un hombre a quien el funcionario judicial había certificado su fallecimiento confirmaba que estaba vivo y que había simulado su muerte para cobrar una póliza de seguro por 40 millones de pesos.

El hecho ocurrió hace dos años en el municipio del Plato (Magdalena) y llevó al fiscal Mateus a figurar en las estadísticas como el primer funcionario judicial en ser destituido de su cargo en el 2009 por el Consejo Superior de la Judicatura y el número 80 en ser separado del cargo en los 17 años de existencia de ese alto tribunal.

De esta forma terminó la carrera de 23 años que llevaba el fiscal Mateus en la Rama Judicial.

El funcionario cambió la identidad de un hombre que había muerto en un accidente de tránsito días antes en la vía que del Plato conduce a la población de Bosconia (Cesar) para permitir el cobro del seguro de vida.

REDACCIÓN JUSTICIA

Publicación
eltiempo.com
Sección
Justicia
Fecha de publicación
3 de julio de 2009
Autor

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