Los poderes públicos protagonizan en Honduras, uno de los países con menos tradición democrática de la región, un vergonzoso sainete. El presidente Manuel Zelaya, el poder electoral, el Congreso, las Fuerzas Militares y la Corte Suprema están enfrentados en un pulso donde todos, sin excepción, se han excedido. Conviene que los colombianos nos miremos en ese espejo, pues, si aquí seguimos como vamos, puede ocurrir algo parecido.

Hace unas semanas, el presidente Zelaya convocó a una consulta popular, una especie de referendo para preguntar a los hondureños si quieren cambiar la Constitución y, con ello, abrir las puertas a la reelección presidencial para el siguiente mandato. El problema es que el Tribunal Electoral le dijo que su consulta no cumplía con los requisitos y que, por lo tanto, no podía realizarla.

Zelaya no se resignó y les pidió a los militares -óigase bien, a los militares- que asumieran las funciones del poder electoral, se apoderaran de las urnas y se encargaran de hacer posible la consulta. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares y la mayoría de los comandantes se negaron alegando que eso violaba la Constitución. Entonces, Zelaya destituyó al alto militar y estos sacaron las tropas a las calles, mientras los líderes de izquierda, que apoyan a Zelaya desde que se alineó con Hugo Chávez, denunciaban un golpe de Estado.

A pocas horas de la destitución, la Corte Suprema resolvió un recurso de amparo -una tutela- del alto militar y anuló el despido. El presidente Zelaya convocó a una manifestación en la casa de gobierno y allí desconoció a la Corte Suprema y reiteró que llevaría a cabo la consulta popular. A la hora de escribir esta columna, el domingo, los militares habían secuestrado a Zelaya y lo habían sacado a Costa Rica, con lo cual llevaron la crisis a niveles de desastre. Zelaya, que metió a los militares en un baile que no les tocaba, terminó arrestado por ellos.

Un presidente que convoca a un referendo a pesar de que el poder electoral le dice que no cumple con los requisitos, y que decide convertir a los militares en organizadores de las votaciones. Unos militares que desconocen la orden presidencial y meten una tutela cuando el presidente destituye al comandante de las fuerzas. Una corte suprema que acoge esa tutela y deroga la destitución. Un presidente que desconoce un fallo de la más alta corte del país. Y, finalmente, unos militares que secuestran al presidente y lo sacan del país, mientras el congreso busca juramentar a otro mandatario. Bonito panorama para que el mundo diga que Honduras es una republiqueta.

Pero no miremos sólo la paja en el ojo ajeno. Algunos colaboradores del presidente Álvaro Uribe, menos resignados que él al hundimiento del referendo, plantean fórmulas locas de constituyentes improvisadas y cambios a las carreras en el sistema para juzgar a los congresistas.

¿Por qué esto último? Porque la Corte Suprema, en abierta guerra con Uribe, se pasó por la faja todos los fallos de la Corte Constitucional sobre la inviolabilidad del voto de los parlamentarios y decidió abrirles una investigación por haber apoyado el referendo reeleccionista. Y, mientras tanto, el Consejo Electoral investiga si el referendo cumple con las normas. Por fortuna, a nadie se le ha ocurrido meter a los militares en el lío.

Pero en este clima de crispación, cualquier día de estos amanecemos como Honduras, si es que las bravuconadas ganan terreno, el Gobierno se empeña en sacar el referendo sea como sea y la Corte Suprema, en atajarlo también como sea. Y, ojo, que aquí, donde hay grupos armados ilegales, golpeados, pero vivos, que podrían sacar tajada de ese desastre, las consecuencias serían mucho más graves que las ya muy terribles de Honduras.

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