Ante la perspectiva de largas rondas de votación de los más de 100 artículos del proyecto que ayer estaban pendientes de aprobación, las mayorías uribistas de la Cámara 'pupitriaron' una proposición del conservador Jorge Mantilla (que reflejaba la posición del Gobierno) y que negaba 50 proposiciones modificatorias del proyecto que habían sido radicadas, en su mayoría, por la oposición.

Como se aprobó, la ley  permitiría la reparación de víctimas de agentes de Estado, pero solo con previa sentencia judicial, uno de los apartes más criticados por la oposición, que considera discriminatoria.

La redacción aprobada establece también que el Estado reparará por "solidaridad" y no por "responsabilidad", cosa que no es un juego de palabras, sino un asunto de fondo para el Gobierno.

Además, la reparación se hará siempre a partir de normas internacionales de derechos humanos y no del derecho internacional humanitario. Las víctimas tendrán dos años para acreditarse como tales.

Quedó también establecido que al reparar, el Estado no reconoce responsabilidad en los hechos que produjeron las víctimas, y reparará atendiendo a la disponibilidad de recursos. También se aprobó la restitución de tierras, pero no la de patrimonio.

La iniciativa contempla que las víctimas tendrán dos años para acreditarse como tales, y que no habrá límite en el tiempo hacia atrás, al momento de denunciar hechos victimizantes. Esos dos años serían prorrogables, previa decisión del Congreso.

"El texto, como fue aprobado, es justo, viable y sostenible. Esos son requisitos en la adecuación de la normatividad internacional sobre estos temas", explicó el representante Jorge Mantilla, quien destacó que "en ninguna parte del mundo se ha podido reparar en un ciento por ciento a las víctimas pero en este caso se acerca a una proporción justa".

Pero el representante Guillermo Rivera tiene otra opinión: "En el proyecto no quedó uno solo de los principios orientadores de la ley que las organizaciones de víctimas y la comunidad internacional habían pedido".

Rivera también calificó como una "salvajada legislativa" la votación en bloque y a 'pupitrazo' del proyecto.

Por su parte, el senador Juan Fernando Cristo afirmó que la de ayer fue "una sesión irreglamentaria, pues la presidió el ministro del Interior" Fabio Valencia. "El Gobierno tiene que responderle a la comunidad internacional y a los cuatro millones de víctimas por el acto mezquino que ocurrió", agregó el congresista.

La sesión en que se aprobó el proyecto estuvo bastante movida. Golpes a los escritorios, gritos, parlamentarios dándole la espalda a la mesa directiva de la Cámara y anuncios de denuncias disciplinarias, marcaron el tramo del debate en que Odín Sánchez, vicepresidente de la Cámara, presidió la discusión.

Según cálculos del Gobierno, poner en práctica lo contemplado por la ley costará alrededor de 22 billones de pesos.

En una reunión a la que además de colectivos de víctimas y organizaciones no gubernamentales, asistirán senadores como Samuel Arrieta (Convergencia Ciudadana) y Armando Benedetti ('la U'), los impulsores de la ley de víctimas decidirán si proyectan demandarla ante la Corte Constitucional, o si intentan salvarla en la conciliación con el Senado, que deberá ocurrir antes de que termine esta semana.