La Oficina recordó en un comunicado que "el secreto de las comunicaciones es un derecho individual, constitucional reconocido, que garantiza un espacio inviolable de libertad y privacidad".

"La interceptación de las comunicaciones -agregó- únicamente puede ser aceptable de forma excepcional, previa orden judicial y siguiendo las formalidades establecidas por la ley.  De otra manera, los derechos a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre son violados".  

De acuerdo con la comisionada, "la ilegalidad de las interceptaciones afecta también el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar informaciones recogidas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas". 

En cuanto a la información recaudada a través de las interceptaciones ilegales, la oficina también expresó su preocupación. "Además, la percepción pública de que existen interceptaciones ilegales puede dar lugar a autocensura en el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación por temor a represalias", agregó la Alta Comisionada.

Asimismo, La Oficina consideró que la nueva ley de inteligencia, "con su enfoque de garantía de derechos y exigencia de estricto respeto a los controles políticos y judiciales, constituye un marco legal adecuado para prevenir situaciones similares", razón por la cual recomendó su rápida implementación, así como de los cambios pertinentes en el DAS.

Igualmente, celebró las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría adelantan sobre estos hechos.