Tras casi cinco años en el país, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz con los grupos paramilitares (MAPP-OEA), está llegando a su ocaso.

Eso anunció el embajador de Colombia ante el ente hemisférico Camilo Ospina durante una rueda de prensa que convocó para redondear sus tres años de gestión.

"Ya se está planteando. Estamos saliendo del proceso de desmovilización. Es posible que pidamos otro tipo de acompañamiento pero el proceso Mapp OEA está terminando. No creo que pase de este año", dijo Ospina quien regresa este jueves al país para ponerse al frente de su probable candidatura por la Fiscalía General.

Según Ospina, el fin de la MAPP se pactará de "mutuo acuerdo" con la OEA y habló incluso de la posibilidad de reemplazarla por otra misión que ayudaría en el proceso de reintegración a la sociedad de los desmovilizados.

La MAPP, creado el 23 de enero del año 2004, cuenta con más de 100 funcionarios desplegados en el país y es una de las misiones más grandes y extensas en la historia del organismo.

Con la salida de la MAPP probablemente también acabará el acompañamiento de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), una figura que alcanzó a incomodar al gobierno.

Ospina también pronóstico que Colombia respaldará la reelección del actual secretario general, José Miguel Insulza, aunque que dijo que esa era una decisión del presidente Uribe.

Se rumora que Venezuela quiere proponer su propio candidato para hacerle competencia a Insulza.

Por otra parte, Ospina defendió a capa y espada una directiva que emitió cuando era ministro de Defensa y con la que se oficializó el pago de recompensas en el país.

Sectores de la oposición han dicho recientemente que esa directiva es la raíz de los excesos que cometió la fuerza pública, entre ellos los llamados "falsos positivos" o asesinatos extrajudiciales.

"Lo que se hizo fue regular las recompensas a particulares por que la Contraloría nos hizo 5 requerimientos diciendo que era un proceso arbitrario. Era necesario ponerlo en blanco y negro y se hizo una tabla para establecer como se pagaría. Jamás se propuso un incentivo para la fuerza pública pues su deber es combatir el crimen y por ello recibe un salario", dijo Ospina tras resaltar que el pago de recompensas es común en el mundo entero y "vital" en la lucha contra la delincuencia.

"Puede que esa se la teoría, pero ese un hecho criminal. Es tratar de buscar la enfermedad en el sofá", agregó cuando se le preguntó si la fuerza pública, como sugiere la oposición, terminó delinquiendo con particulares para luego cobrar la recompensa.

Ospina también se refirió a las relaciones con Ecuador tras la reciente demanda que este país interpuso ante la CIDH por la muerte de un ciudadano de este país durante los ataques al campamento de Raúl Reyes en marzo del año pasado Según el embajador, la demanda permite llevar el alegato a un terreno "eminentemente jurídico" y de bajo perfil que también permitiría a Colombia explica por que era "imperativo neutralizar una amenaza enorme contra los ciudadanos".

No le dio, sin embargo, buenos augurios al curso de la demanda, que catalogó de muy complicado pues no existe un antecedente en la OEA donde la CIDH haya fallado a favor de un estado y en detrimento de otro.

"Sobretodo, dijo, por que todos los estados piensan que permitir que la CIDH se meta en temas de estado a estado es un asunto muy delicado", dijo. Ospina explicó, a su vez, que los ecuatorianos habrían optado por demandar a Colombia tras llegar a un acuerdo con la familiar del difunto, que amenazó con demandar a Quito ante la CIDH.

Al hacer su balance, Ospina destacó tres áreas en particular: la consolidación ante la OEA del carácter "narcoterrorista" de las Farc -que, sostuvo, antes se veía como solo como un grupo armado-"; la resolución de la crisis con Ecuador por el ataque al campamento de Raúl Reyes y atajar los  reclamos políticos de Nicaragua por al soberanía de San Andrés -; y la descongestión y regularización de procesos contra el estado la CIDH.

Destacó, por ejemplo, la reducción de medidas cautelares expedidas por la CIDH: de 36 anuales en el pasado a solo 6 en 2008 y dos en lo que va de 2009.

SERGIO GÓMEZ MASERICorresponsal de EL TIEMPOWashington