Ahora resulta que todo es producto de un choque de trenes. Que los seguimientos y las escuchas ilegales contra los magistrados de las cortes, en particular de la Corte Suprema de Justicia, no es otra cosa que la respuesta de unos funcionarios del DAS a los intentos de los magistrados por desestabilizar al gobierno Uribe. Es la idea que ahora se está vendiendo para justificar la violación del orden institucional y el Estado de Derecho.

Un "choque de trenes" se produce cuando dos poderes públicos entran en disputa por una misma función o por funciones relacionadas. El último choque entre la Corte Suprema y el Gobierno se había producido por la reciente extradición de los jefes paramilitares. Mientras que la primera condicionó esta a la necesidad de hacer cumplir los tratados internacionales (que castigan los delitos de lesa humanidad por encima de los relacionados con el narcotráfico), el Gobierno optó por extraditarlos argumentando que era su competencia.

Pero una cosa es que este pueda estar invadiendo competencias de la Corte (como ocurrió con la extradición) y otra muy distinta es que recurra al expediente de perseguir a magistrados, buscando cómo enlodarlos. Todavía no están claras ni bien explicadas al país las reuniones de altos funcionarios con delincuentes en el palacio presidencial; ni los intentos de comprometer a magistrados en los supuestos complots contra el presidente de la República; ni el propio Uribe ha sido capaz de dar una explicación institucional por las actuaciones de los servicios de inteligencia del Estado en labores de seguimiento y escuchas ilegales.

En su defensa, el Gobierno ha dicho que buscaba evitar que el narcotráfico infiltrara la Rama Judicial. Y que por eso investigaba las cuentas de los magistrados relacionados con el señor Ascencio Reyes. Pero, como son conocidas las relaciones de Reyes con altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía, ¿por qué no emprendieron una investigación de estos oficiales? ¿No le preocupa a la Uiaf que la mafia pueda infiltrar a militares y policías? En principio, el Gobierno trató de minimizar el problema denunciando la existencia de una mafia en el DAS que vendía información. Luego, con el apoyo de algunos columnistas, se optó por el camino de cuestionar que "los medios dieran cabida a unas denuncias ridículas de asedio a los magistrados de la Corte Suprema", y decir que lo que sí hubo "fueron unas investigaciones financieras a los magistrados". Y, como si se tratara de jueces, concluían (o mejor, sentenciaban) que todo había sido el producto de un ambiente de conspiración que irradió una dinámica de espionaje "sobre los magistrados en paquete, sin mediar una orden concreta para ello".

Ante el evidente fracaso, ahora al problema se le quiere dar el tratamiento de un "choque de trenes". Esto supondría que, desde la Corte Suprema, se han también emprendido acciones tendientes a desprestigiar al Presidente o a los miembros de su coalición en el Congreso. De allí hay solo un paso para decir que la 'parapolítica' y la 'Yidispolítica' son un invento de los jueces para acabar con el país.

Lo grave es que el Procurador, que debería estar cumpliendo con sus funciones, ha entrado en el juego anunciando un documento para restablecer el orden institucional. Como si los desbordamientos del Gobierno se resolvieran con un pacto de caballeros entre el Presidente y los jerarcas de las cortes.

Hay que decirlo con todas las letras: en los intentos por enlodar a la Corte, en los seguimientos y las escuchas ilegales de sus magistrados, está explícita la intención de coartar la capacidad de los jueces para realizar sus labores. Es evidente el propósito de impedir la acción libre e independiente de la Justicia. El Presidente ya se dio cuenta de las consecuencias internacionales que comienzan a tener esas prácticas ilegales. Lo que su entorno no entiende es que todavía hay instancias con competencia para que esas actuaciones no queden en la impunidad.