Colombia no puede mantener una institucionalidad democrática si cada acción de la Rama Judicial con efectos políticos genera una reacción del Ejecutivo y el Legislativo ilegítima y hasta ilegal. Es evidente que algunas acciones de la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la Nación tienen efectos políticos.

Juzgar a congresistas por hacer pactos con criminales para hacerse elegir o reelegir y por vender su voto, que se supone debe ser libre, obviamente genera efectos políticos. Esas decisiones judiciales afectan no solo la libertad personal de los políticos juzgados, sino que además recomponen el poder político en la medida en que los sacan del escenario de poder, dado que alguien condenado penalmente no puede hacerse elegir ni ejercer funciones públicas en el futuro.

Cuando los políticos afirman que "la Justicia está politizada" pretenden convencer de que la Justicia no está actuando porque tenga pruebas judiciales sino solamente porque tiene objetivos políticos. Esa afirmación carece de fundamento. En los expedientes de la Corte y la Fiscalía reposan numerosas pruebas y evidencias que permitieron comprobar hechos criminales y su posterior juzgamiento. En esos expedientes no hay enunciados ideológicos o políticos, sino pruebas y doctrinas jurisprudenciales, basadas en derecho y en la Constitución. Invito a las Facultades de Derecho, que en medio de esta crisis han estado ausentes y mudas, a que promuevan en sus aulas el estudio de todos los expedientes en firme por 'parapolítica', cohecho o corrupción que se han expedido en estos años y a que le informen a la opinión pública el resultado de su análisis.

La Justicia está tomando decisiones judiciales en materia política y con efectos políticos porque la política está criminalizada. Porque, para conseguir votos, hacerse elegir o reelegir, los políticos asaltan el erario público, trafican influencias y cuotas burocráticas, hacen acuerdos de mutuo beneficio con criminales y hasta mandan eliminar competidores. Si los políticos no acudieran a métodos criminales, la Justicia no tendría que ocuparse de ellos. Mientras lo hagan, la Justicia debe juzgarlos y sus decisiones invariablemente tendrán efectos políticos.

Por otra parte, la Rama Judicial tiene que ganarse la confianza y el respeto ciudadano, no solo por la solidez de sus fallos, sino por la transparencia de las actuaciones de sus magistrados. Ningún juez, y mucho menos un magistrado de una alta corte, tiene por qué andarle recibiendo regalos o viajes a nadie, mucho menos a gente involucrada con actividades ilegales. El magistrado Alfredo Escobar Araújo, del Consejo Superior de la Judicatura, y Yesid Ramírez, de la Corte Suprema de Justicia, deberían dejar voluntariamente sus cargos. El primero, por recibir obsequios del narcotraficante Giorgio Sale, y el segundo, del señor Ascencio Reyes, socio de narcotraficantes. Que los magistrados supieran o no de las actividades delictivas de esos señores importa para efectos de sus propias investigaciones, pero no para el daño que causan a la Rama Judicial en su conjunto. Su retiro debe ser un acto elemental de solidaridad con la Rama, a la que ponen en serios aprietos de credibilidad por sus cuestionadas actuaciones individuales.

Por su parte, el Ejecutivo no puede andar 'chuzando' e investigando a los magistrados sin orden judicial alguna y con el propósito de ver qué les encuentra para desprestigiarlos a ellos y sus decisiones judiciales. Tras seis años de persecuciones y 'chuzadas', lo único que el Ejecutivo ha encontrado son las actuaciones cuestionables de dos magistrados, que por el bien de la Rama deben retirarse. Con ese asunto puntual, el Gobierno pretende desprestigiar a toda la Rama, en particular a la Sala Penal de la Corte Suprema. Los complots, las 'chuzadas' y la persecución se han originado en la Casa de Nariño y allí es donde deben parar. Si el Legislativo y el Ejecutivo no quieren decisiones judiciales con efectos políticos, tienen que actuar conforme a la ley, no como si fueran la banda del Congreso y la Casa de Nari.