Infortunadamente, el cuadro pintado por el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, en su reciente columna de rectificación a Salud Hernández, sobre la forma ordenada, eficiente y ajustada a la ley del otorgamiento de los títulos mineros, y el celo y responsabilidad de Ingeominas en la fiscalización "de la totalidad de las obligaciones de esos títulos, incluyendo las obligaciones ambientales", pertenece al mundo del delirio.

¿Acaso el Ministro no sabe que Ingeominas otorgó 44 títulos mineros en 14 parques nacionales, en grotesca violación del artículo 34 del Código Minero, así como de otras normas de la Constitución y la ley, que excluyen tales áreas protegidas de esta actividad? ¿Acaso el Ministro ignora que Ingeominas ha otorgado títulos mineros en los páramos (54 por ciento del área total en solicitud o concedida), pisoteando así las sentencias de la Corte Constitucional que señalan el imperativo de excluir este tipo de ecosistemas de toda explotación minera? ¿Es que al Ministro tampoco le han informado que los títulos mineros otorgados y en trámite ascienden a más de 7.000 en todo el territorio nacional (incluyendo 1.800 en los 5 departamentos de la Amazonia), una gran parte ubicados en zonas de reserva forestal, también excluidas por ley de la explotación minera? ¿Y no es un patético chiste sugerir que Ingeominas tiene la capacidad suficiente para garantizarle al país la fiscalización de las obligaciones ambientales asociadas a los miles de títulos mineros otorgados, o en proceso de serlo, cuando sabemos que se ocupa poco o nada del tema? ¿Y el ministro Martínez ha olvidado que con el debilitamiento experimentado por Minambiente y las CAR se les ha cercenado su capacidad de control y vigilancia ambiental? El olímpico desconocimiento de estos graves hechos es un genuino agravio a la ciudadanía, como lo es el intento de inducir a la opinión pública a la falsa creencia de que la acelerada conversión de Colombia en un país minero se está haciendo mediante el respeto al medio ambiente, la creación de beneficios para toda la población y el uso de la mejor tecnología. Porque las evidencias disponibles sobre las fases de exploración, explotación y transporte de los minerales indican un creciente caos socioambiental a lo largo y ancho del país.

Así lo demuestra, por ejemplo, el pobre desempeño de las 16 explotaciones de carbón en el centro del Cesar, denunciado por la Procuraduría General en senda investigación concluida el año pasado. Quien no lo crea, échese un paseo por el Cesar y constatará qué les espera a su región y a sus habitantes si la gran minería sigue en la dirección que va.

En este sombrío escenario, todavía hay razones para el optimismo. Justamente, en los próximos días, el Congreso se propone dar el último debate a la reforma del Código Minero que, como era de esperarse, no es el mejor en materia ambiental. No obstante, se haría un gran servicio al país si se aprueba el controvertido artículo que excluye la actividad minera de los páramos y de los humedales protegidos por el convenio internacional Ramsar, así como de las otras áreas de especial significación ecológica, previstas en el Código actual.

Es una norma que deberá también establecer que los cientos de títulos mineros con fines de exploración, ya concedidos en estas áreas de exclusión, no otorgarán ningún derecho de explotación, y que las licencias ambientales para la explotación, otorgadas en las mismas, no tienen derecho a prórroga. Si no se aprueba esta norma, se dejará a Minambiente en estado de impotencia frente a la destrucción de ecosistemas vitales para el futuro del país, y se coronará al Minminas como el líder de un trágico ecocidio.

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