En las últimas dos décadas, gracias a la participación de mercenarios extranjeros de izquierda y de derecha, los grupos armados ilegales en Colombia mejoraron sustancialmente su maquinaria de guerra. Lo grave es que estos "profetas de la muerte" gozan de total impunidad e, incluso, de protección en sus países de origen. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta "doble moral" de los países europeos que, mientras predican los derechos humanos, protegen a criminales de guerra? Por los lados de las Farc, su capacidad destructiva fue aceitada gracias a la presencia de tres miembros del Ejército Republicano Irlandés (Ira), Nial Connolly, James Monaghan y Martin McCauley. El Ira desarrolló durante su confrontación armada con Gran Bretaña dos tipos de armas que, tras la presencia de estos mercenarios en Colombia, han sido ampliamente utilizadas por las Farc: por una parte, el explosivo plástico Semtex, inicialmente fabricado en la antigua Checoslovaquia, inoloro, fácil de usar y, a diferencia de las bombas caseras, estable. Y, por otra parte, granadas de mortero de fabricación casera. Estos morteros fueron diseñados por Monaghan. Inicialmente, con el apoyo del gobierno de Libia, se diseñó el primitivo mortero Mark I, que luego evolucionó hacia el mortero Mark 18, denominado en Irlanda del Norte el 'revientacuarteles', por su mortífera eficacia.

Estos tres mercenarios viven tranquilamente en Europa. Dos en Irlanda del Norte y uno en Francia. ¿Por qué Europa protege a estos criminales de guerra? ¿No tienen derecho las miles de víctimas de Colombia sacrificadas con esas armas a que se aplique justicia? En el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia, los principales mercenarios extranjeros provinieron de Israel, Gran Bretaña y Australia. Sin duda, el más renombrado ha sido Yair Klein, cuya historia fue relatada en el libro del periodista Jairo Tarazona El profeta de la muerte (Planeta, 2008).

Klein, quien entrenó a los escuadrones de la muerte de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Castaño a fines de los años 80 en el Magdalena Medio, está recluido en una prisión en Moscú desde agosto del 2007 por solicitud de Colombia ante Interpol.

Sin embargo, dos factores han imposibilitado su extradición. Por una parte, el ofrecimiento del gobierno ruso al gobierno de Israel de un canje de Yair Klein por del empresario Leonid Nevzlin, refugiado en este país. Nevzlin, antiguo miembro de la junta directiva de la compañía petrolera Yuros Oil Company (hoy intervenida en Rusia y sus principales directivos, detenidos, entre ellos el poderoso Mijaíl Jodorkovsky), es, actualmente, ciudadano israelí y presidente de la junta directiva del museo de la diáspora judía. Aunque el gobierno ruso argumenta que tiene pruebas judiciales que comprometen a Nevzlin, el gobierno de Tel Aviv sostiene que Rusia solo tiene motivaciones políticas y ha rechazado el innoble canje.

Por otra parte, el abogado de Klein Dmitri Yampolski, ante la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de aprobar la extradición de su cliente a Colombia, presentó ante la Corte Europea de Derechos Humanos, en Estrasburgo, un recurso para impedir su extradición argumentando que "existe el peligro de que en Colombia se violen los derechos y libertades de Klein". La Corte Europea de Derechos Humanos le dio la razón al abogado y le prohibió a Rusia extraditar a Klein a Colombia. ¿Cómo creer, en estas circunstancias, en la justicia internacional? ¿Será que la justicia internacional refleja la asimetría del poder mundial y limita sus efectos a los países del sur, mientras protege a los criminales de guerra de los países poderosos? Colombia debe exigir la extradición inmediata, tanto de los mercenarios del Ira, como de los mercenarios israelíes Yair Klein, Izhack Shoshany Meraiot y Abraham Tzedaka, del australiano John Tangney y de los ingleses Brian David Tomkins y Alexander Afek.