Una cosa es que la Justicia suela cojear y otra muy distinta que no llegue nunca. Y para muchos, eso es lo que está a punto de ocurrir con el asesinato, hace ya casi veinte años, del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán. Cuando faltan poco más de dos meses para tan triste conmemoración, y sin desconocer que algunos de los autores materiales fueron oportunamente identificados, el hecho de que el principal de ellos se hubiese fugado de la cárcel para ser luego dado de baja confirmó que otros involucrados deseaban impedir que contara un día todo lo que sabía. La responsabilidad del entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y de su socio Gonzalo Rodríguez Gacha, ambos muertos cuando eran perseguidos por las autoridades, como autores intelectuales del vil crimen no parece estar en discusión. Pero, aun así, hay nutrida evidencia que apunta a que no fueron ellos los únicos que tejieron el tenebroso complot que terminó en Soacha, la noche del 18 de agosto de 1989, con la muerte de quien se perfilaba como el siguiente presidente de los colombianos.

La participación de grupos paramilitares del Magdalena Medio, la instigación de dirigentes políticos que querían a toda costa atajar al fundador del Nuevo Liberalismo y el papel, no solo del cartel de Medellín, sino del de Cali, son asuntos sobre los cuales en años recientes ha surgido información que no ha sido debidamente investigada. Ello en buena medida porque hay un gravísimo delito conexo con el asesinato: la labor de desviar la investigación que, según distintas sindicaciones, fue llevada a cabo por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad y de la Policía de entonces, y por cuenta de la cual la justicia mantuvo presas durante largo tiempo a personas que eran inocentes. Más aún, hay señalamientos en contra de la escolta de Galán, que proporcionaba el DAS, y de oficiales del Ejército, por facilitar la acción de los sicarios en la plaza en la que sonaron los disparos.

Es pues, a veinte años del magnicidio que conmovió a Colombia y al mundo, mucho más grande el margen de impunidad que el de justicia. No es un hecho excepcional. Tristemente, la historia de Colombia está llena de horrendos episodios, como de insuficiente o incluso nula aplicación de la justicia en esos casos. Desde el asesinato en Berruecos (Nariño) del mariscal Antonio José de Sucre en 1830, cuando sólo fue juzgado y condenado a morir fusilado el jefe de los sicarios, pero quedó sin castigo, y en medio de gran debate durante décadas, la responsabilidad de los enemigos políticos del prócer, hasta el asesinato en 1995 del varias veces candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, el sello de marca ha sido el mismo. En el caso del líder conservador, un diario colega, El Nuevo Siglo, pidió hace pocos días la creación de una comisión de la verdad que permita esclarecer las responsabilidades en un suceso donde los más aterradores hilos parecieron moverse desde altas esferas del Ejército, en momentos en que el país era sacudido por el escándalo de la financiación con recursos del cartel de Cali de la campaña del presidente Ernesto Samper.

Consciente del tiempo perdido, de las pruebas borradas por el paso de los años, pero también de la necesidad de que la muerte de Luis Carlos Galán no pase a engrosar la lista de casos sin solución, el fiscal general, Mario Iguarán, está dedicado a buscar mecanismos jurídicos que impidan que los demás responsables del asesinato terminen cobijados por la prescripción que fija la ley para este tipo de delitos. Ha esgrimido el Fiscal la tesis de que se trata de un crimen de lesa humanidad. Para ello, es necesario demostrar que el homicidio hizo parte de un plan de exterminio de diferentes líderes del movimiento galanista. Apoyan esa tesis el asesinato del número dos del grupo, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara, en 1984; el atentado en Budapest, dos años después, contra su sucesor, Enrique Parejo, también galanista; el ataque contra el representante a la Cámara Alberto Villamizar, mano derecha de Galán en 1986, y hasta la explosión del avión de Avianca en diciembre de 1989, planeada al parecer porque en ese vuelo iba a viajar el sucesor de la candidatura del político desaparecido, el hoy ex presidente César Gaviria.

Al respecto habrá, sin duda, mucha discusión jurídica, pues algunos consideran que la adopción de los criterios de lesa humanidad fue posterior en Colombia a muchos de estos hechos. Aun así, urge apoyar al Fiscal General en la búsqueda de tales mecanismos, así como invitar a quienes puedan resultar señalados para que renuncien a la prescripción, en especial si se trata de dirigentes políticos que deberían buscar que su nombre quede limpio para la historia y no que se los libere de responsabilidad por el indigno expediente del vencimiento de términos.

Ha sido mucha la sangre y el dolor que han corrido desde aquella aciaga noche de 1989, en la que los colombianos vieron truncadas sus esperanzas al ver caer a un hombre honesto y valiente, para que una nueva desilusión se sume como un eslabón trágico a esa larga cadena. Al igual que ha ocurrido con otros crímenes abominables, el de Luis Carlos Galán tiene que esclarecerse a plenitud, más allá de la lentitud de la justicia y de los caprichos del calendario.

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