Bernardo Moreno y José Obdulio Gaviria utilizaron el DAS y la Uiaf para sus fines. Abusaron del poder que otorga su cercanía al Presidente e intentaron que ambos organismos les hicieran el trabajo sucio de enlodar a la Corte Suprema. Son ellos quienes deben asumir la responsabilidad que les quepa en lugar de permitir que empujen al abismo a personas honestas, que sólo hacían su trabajo. Es injusto que profesionales rectos y capaces, como Andrés Peñate, Mario Aranguren o Joaquín Polo, por citar solo a tres, estén en el punto de mira de la Fiscalía.

Tampoco el Fiscal General debería prestarse al juego. Su Unidad de Lavado de Activos, que a veces parece el Triángulo de las Bermudas, recibió de la Uiaf informes de su buen amigo Ascensio Reyes y de algunas personas cercanas al empresario, como el ex presidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez.

No se trataba de una investigación sobre magistrados, sino sobre Reyes, de quien sospechaban en la Casa de Nariño, o eso decían, que podía ser un narcotraficante con nexos con Giorgio Sale. Más aún, Bernardo Moreno le aseguró al DAS que representaba un peligro para las altas cortes por su cercanía a varios de sus miembros.

La Uiaf, clon de similares creadas en el mundo para descubrir lavanderías de narcos, criminales y corruptos, sólo rastreó las finanzas de algunos magistrados cuando el DAS, que tiene potestad para hacerlo, le pidió, el 24 de abril del 2008, datos de seis familiares y socios de Ascensio Reyes, así como de los 32 pasajeros del vuelo de Satena que alquiló y pagó el citado empresario de su bolsillo. Como recordarán, invitó a jueces y otras amistades para que acudieran gratis al homenaje que en el 2006 le rindieron a Yesid Ramírez en Neiva. Por cierto, seguimos sin escuchar disculpas de las cortes por esa corruptela o del ex presidente de la Suprema, Francisco Ricaurte, que afirmó que fueron sus colegas del Huila quienes costearon los gastos gracias a una generosa colecta.

La Uiaf tenía todo el derecho a escrutar las finanzas del presunto traficante Reyes y si por el camino aparecieron nombres vinculados a él, también debía reportarlos, así fueran encopetados magistrados, familiares de políticos o personas del común. Estos no pueden culpar de sus pecados a los profesionales de la Uiaf, porque las normas y las leyes se aplican por igual a todos. Como los reportes son soportes investigativos de carácter técnico, destinados a organismos con funciones de policía judicial, estos deben verificarlos y decidir si abren una investigación formal o los archivan.

No solo en esta ocasión la Fiscalía no vio razones para remitir los expedientes a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la única que puede indagar a los magistrados. También, desde el 2002 engavetó varios informes sobre Giorgio Sale; bastantes sobre David Murcia, a partir del 2006 (por cierto, ¿desempolvarán lo que hay de su viejo socio Luis Hugo Pinto Restrepo?); otros que pondrían en dificultades tanto a Pablo Ardila, a punto de quedar libre, como a más de un ex congresista.

Iguarán conoce de sobra el alcance de esos reportes financieros y la solidez y el prestigio de la Uiaf, y le queda mal ridiculizarlos. Ocurre que es muy difícil para un fiscal remitir al Congreso datos sospechosos sobre sus amigos magistrados sabiendo, además, que es perder el tiempo.

No niego que algún funcionario del DAS o la Uiaf hayan sobrepasado los límites de los protocolos que rigen su organismo, al informar a personas como José Obdulio o Jorge Mario Eastman, que no tenían competencias, sobre hechos que podían salpicar a magistrados. Pero sería irrazonable que paguen los platos rotos porque, insisto, quienes dieron órdenes que escondían veneno, quienes los hicieron caer en la trampa, fueron los de la Casa de Nariño. En todo caso, ese episodio de la insensata guerra de poder y egos que libran el Presidente y la Corte Suprema tampoco exime a los jueces de las culpas que tengan.