Más allá de dos decretos, los asuntos de fondo del conflicto indígena en Perú son la explotación petrolera, los derechos de los indígenas sobre sus tierras y las relaciones de Perú con E.U..

Tras los violentos incidentes de los pasados 5 y 6 de junio, que se saldaron con la muerte de 24 policías y nueve civiles, el Congreso peruano decidió el pasado miércoles suspender indefinidamente, pero no derogar dos de los decretos (el 1090 y el 1064) por los que protestan los indígenas, denominados 'las leyes de la selva'.

Pero la decisión del Congreso, en cuyo pleno un grupo de legisladores nacionalistas realizan una vigilia de protesta, no ha dejado contento a nadie.

Lo que buscan los indígenas no es la suspensión, sino la derogación de los decretos. Según 'Radio Programas del Perú' (RPP), el representante indígena en Yurimaguas, Segundo Pizango, advirtió de una eventual radicalización de sus protestas con la toma de lugares estratégicos y el bloqueo de carreteras, pues los polémicos decretos no fueron derogados.

Uno de ellos, el 1090, responde al pedido de Estados Unidos de que Perú tenga una entidad para investigar las infracciones en el manejo del sistema forestal y garantizar que la madera que se comercialice no tenga origen ilícito, condición impuesta por Washington para la aprobación del Tratado de Libre Comercio promulgado por ambos países el año pasado.

Por su parte, lla Oficina Comercial estadounidense en Lima ya ha expresado su preocupación por esta suspensión. El subgerente de la Cámara Americana de Comercio, Omar Azañedo, dijo este jueves al diario Gestión que "hay una preocupación tremenda en los empresarios del país del norte" por la medida.

Pero Aidesep objeta que el decreto 1090, al igual que los otros, se negoció y emitió sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas de la selva.

Si bien el Gobierno reconoció que "los procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas deben ser mejorados", según un comunicado explicativo del Ministerio del Ambiente, su titular, Antonio Brack, dejó muy claro el jueves que estos no tienen por qué ser consultados con respecto a su subsuelo, donde hay petróleo.

"El subsuelo es por constitución de todos los peruanos; si esto se quiere cambiar, habrá que reformar la Constitución", dijo este jueves Brack en una rueda de prensa, en la que recordó las necesidades energéticas de un país que importa 2.500 millones de dólares anuales en petróleo y que, por ello, la explotación de petróleo (presente en las regiones selváticas) es una prioridad del Estado.

Y efectivamente, en uno de sus últimos comunicados, la Aidesep también pide modificar el artículo 89 de la Carta Magna peruana para declarar el carácter "inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas y los derechos colectivos".

Según dijo a Eduardo Toche, de la organización Desco de promoción al desarrollo, al Gobierno de Alan García tal vez se le pueda reprochar que ha cuidado más los daños ambientales, para facilitar el TLC con Estados Unidos, que las relaciones con sus propias comunidades indígenas.

Así, la aprobación del decreto 1090 sería, según él, una clara transgresión de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que es signatario Perú y que estipula que cualquier cambio en el régimen de las propiedades indígenas debe ser consultado previamente con las organizaciones que los representan.

Un 80 por ciento del territorio amazónico, según cifras proporcionadas por Toche, ya está concedido para la exploración o explotación petrolera "y se ha hecho sin ningún mecanismo de consulta popular", en total falta de transparencia.

"Somos culturas diferentes" El Gobierno también saca en su apoyo cifras para demostrar sus buenas intenciones: los 68 millones de hectáreas de bosque originales aún en pie (de un total de 76,4 millones) o los 10,5 millones otorgados a los "pueblos originarios".

Pero en el fondo subyacen dos concepciones distintas ante la vida y el desarrollo, y hoy mismo lo reconocía el jefe del Gabinete, Yehude Simon, en una rueda de prensa: "Los nativos no entienden nuestra concepción de las cosas, como nosotros no entendemos la suya: somos culturas diferentes".

Un Gobierno que ha conseguido convertir a Perú en el país con mejores cifras macroeconómicas de Suramérica y que no está dispuesto a renunciar al petróleo, frente a unos pueblos que consideran que sus derechos colectivos, a la tierra y al agua, pasan por encima de la explotación petrolera.

El ya famoso líder indígena Alberto Pizango, hoy asilado en la embajada de Nicaragua, explicaba recientemente que puede haber ciudadanos que no entiendan las razones del levantamiento, pero que los pueblos amazónicos no luchan sólo por la derogación de unos decretos, sino "para defender un modelo de vida".

La extracción de gas y petróleo, la tala de madera y el dragado de los ríos en busca de oro, que son las actividades contra las que se oponen los indígenas, "están destruyendo en pocos años estructuras sociales, costumbres y estrategias de convivencia que tienen miles de años".

Por ejemplo la electricidad o el agua potable, dice Pizango, de poco sirven a los pueblos indígenas si traen aparejados problemas como "el alcoholismo, la prostitución y otras modernidades" LIMA (Efe)