Si en dos meses no se oficializan acciones concretas, fuentes de financiación y sistema de tratamiento para descontaminar esa fuente, se iniciarán investigaciones fiscales por detrimento patrimonial.

El anuncio fue hecho por el Contralor General, Julio César Turbay Quintero, quien advirtió que las entidades nacionales, distritales, departamentales y municipales deben pasar ya de los anuncios de buena voluntad a los compromisos concretos.

"La demora en tomar decisiones le hace daño a la salud pública, al medio ambiente y a los recursos naturales. Además, producen daño al patrimonio público porque cada día que se demore la iniciación de las soluciones es un día en el que van subiendo los costos de las obras", advirtió Turbay, durante una reunión sobre los avances en el tema de la descontaminación del río.

"Eso debe llamarse detrimento patrimonial de parte de los gerentes que no hacen una gestión que produzca resultados", advirtió el Contralor, que anunció una actuación conjunta con los contralores de Bogotá y Cundinamarca.

La investigación preliminar implicaría en principio a los funcionarios cabeza de las entidades obligadas a participar en el saneamiento del río.

Redacción Bogotá