El Gobierno decidió corregir el conocido aforismo de Lampedusa -que todo cambie para que todo siga igual- por uno que debería patentar: que todo cambie para que todo sea peor.Es lo que ocurrirá con la reforma que está aprobando el Congreso y que no divorcia la política del crimen organizado. Si se quería sancionar de verdad a los partidos que presentaron y eligieron candidatos non sanctos, y evitar que en el futuro lo hagan, tocaba disponer que los votos de dichos candidatos se consideren nulos, se descuenten del total de sufragios obtenidos por el partido y ordenar nuevo escrutinio. Así, el partido responsable pierde la curul o curules que ganó fraudulentamente y hasta el umbral. Y los partidos que respetaron la ley ganarían esas curules y los que no alcanzaron el umbral podrían lograrlo y elegir algunos de sus candidatos.Esta fórmula no les convenía al Gobierno ni a los partidos de su coalición, porque varios de estos hubiesen disminuido su participación y hasta desaparecido. Por el contrario, la oposición habría mejorado la suya y hubiesen llegado al Congreso quienes antes no habían conseguido el umbral.Ese nuevo mapa político era contrario a los intereses de quienes creen que sanean la política con la silla vacía, que adoptan cuando han transcurrido tres de los cuatro años del periodo constitucional. Consideran que las nuevas investigaciones penales (las únicas que permitirían sancionar a los partidos) no los afectarán, pues, en su caso, ya fueron investigados casi todos los que debían serlo y sus curules están ocupadas por candidatos del mismo partido. Seguramente, esperan que las nuevas decisiones judiciales se refieran a la 'farcpolítica' o la 'elenopolítica' y vinculen, sobre todo, a miembros de la oposición. La reforma mejora la financiación de partidos y candidatos con recursos del Estado, que serán girados anticipadamente, pero no ordena controlar y sancionar hechos que empezaron a perturbar el proceso en curso, porque varios candidatos a los cargos que se proveerán el año entrante y en el 2011 ya entraron en gastos. No se conocen sus programas, ni han definido sus posiciones políticas, pero son públicas sus cuantiosas inversiones. Uno de ellos dijo que busca 100 amigos de 5 millones de pesos, cada uno, y 1.000 de 1 millón. Otros han contratado publicista y oficina de prensa, recorren el país, reparten camisetas y recogen las firmas que respalden su aspiración. Como todavía no son candidatos oficialmente inscritos, la ley no se ocupa de sus actividades. Ni las prohíbe, ni las reglamenta. Las ignora, a pesar de los recursos que comprometen para crear hechos político-electorales.Por eso, la reforma política debía ocuparse de ellas para asegurar igualdad de condiciones entre los candidatos, verificar el origen de los dineros que manejan, fijar tope a sus gastos y establecer que estos hacen parte de la suma total autorizada a cada campaña. Lo que se anota de estas precampañas es predicable también de las que adelantan los precandidatos que participan en consultas populares. De la llamada reforma política hay mucha tela para cortar. Por lo que dice y por lo que calla. La coalición oficialista la vota porque le sirve y por disciplina. Por eso, en este caso y el del referendo, decide a pupitrazo limpio. El Ministro del Interior garantiza que así ocurra. Cada día es más claro por qué el presidente Uribe nombró al doctor Valencia Cossio y por qué lo mantiene en el cargo contra viento y marea. jcastro@cable.net.co