El mundo es muy pequeño. Por estos días, causan conmoción en Francia los detalles que se vienen conociendo en el marco de los juicios que se siguen por el escándalo del 'Angolagate'. El caso compromete a casi medio centenar de personalidades francesas; entre ellas, a Jean Christophe Miterrand, hijo del ex presidente, en el tráfico y la venta ilegal de armas por más de 500 millones de euros al gobierno de Angola entre 1993 y 1998, durante la guerra civil, en violación del embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas.

Es de anotar que, aunque la guerra terminó, Angola difícilmente superará su pasado traumático, por cuenta de los 14 millones de minas antipersona sembradas en el territorio, especialmente en las áreas más pobladas, las fuentes de agua, los hospitales y las escuelas. Uno de los intermediarios de esa venta ilegal de armas, que incluyó minas antipersona, habría sido Pierre Falcone.

Pues bien, el señor Falcone acaba de ser condenado por recibir comisiones ilegales como representante de SOFREMI (sociedad francesa de exportación de materiales, sistemas y servicios), consorcio dependiente del Ministerio del Interior francés que se dedica a la venta de equipos de seguridad en el extranjero. Según la justicia francesa, Falcone percibió comisiones ilegales por casi 5,5 millones de euros en negocios de la compañía en cuatro países; entre ellos, Colombia.

SOFREMI, habitual licitador en servicios de seguridad, celebró con la Alcaldía de Bogotá, precisamente en 1994, en la administración de Jaime Castro, un contrato por 28 millones de dólares para la venta de un sistema de cómputo, radio, teléfono y video anticuado e inservible, que terminó en las bodegas del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Por ese caso, la Fiscalía les abrió investigación a algunos funcionarios, investigaciones que precluyeron posteriormente por falta de pruebas.

Todo esto deja un sabor muy amargo. La condena impuesta a Pierre Falcone por las comisiones ilegales le pone cara, desde la contraparte francesa, a la autoría de este delito de corrupción administrativa y le plantea a la Fiscalía colombiana la obligación de establecer las responsabilidades locales en la comisión de estos delitos, ya probados, de Falcone en sus negocios en Colombia.

Una pista prometedora, según los resultados arrojados por la misma justicia francesa, apuntaría a los negocios desarrollados por Falcone a través de su propia empresa constituida en un paraíso fiscal y conocida como Brenco Trading International Limited, con importantes intereses comerciales en Colombia a través, según la prensa francesa de Brenco Coren S.A., en Bogotá. No cabe duda de que, en los próximos meses, este caso que ha conmocionado a la sociedad europea por sus vínculos transnacionales, terminará dándonos mucho que hablar aquí.

desurasur@gmail.com