El profesor Armando Lacera Rúa jamás ha intentado arrebatarle el arpón a un cazador de ballenas, ni ha atacado un buque atunero con plomos de pesca. Pero, aun así, sin emprender ninguna de las acciones radicales que han caracterizado a Greenpeace, es lo más aproximado a un activista ambiental que tenemos en Colombia. Eso es mucho decir, en un país civil al que parece no impresionarle su tragedia ambiental, un territorio sin dolientes, donde los más poderosos, los más amigos del gobernante de turno, encuentran pocos obstáculos a la hora de profanar el gran santuario ecológico nacional.

Si algún poder tiene el profesor Lacera Rúa es el de la lengua, del cual le sobra. Samario, educado en química pura en Bogotá, con estudios avanzados en ciencia y tecnología de alimentos en Perú, Chile y Estados Unidos, y sin ser biólogo marino, el profesor Lacera Rúa ha sido la voz airada de la dignidad en Santa Marta, una ciudad que durante los últimos veinte años ha visto asaltados sus tesoros naturales y su vocación turística por obra y gracia del empresariado invasor.

Con su característico denuedo, una verba tan florida como puntual, que nunca parece cansarse, Lacera Rúa lo ha denunciado una y otra vez: los accidentes que han desembocado en voluminosos vertimientos de aceite crudo vegetal a la bahía de Santa Marta generan un daño irreversible en el suelo marino, cuya población vegetal y animal es crucial en el ciclo de los peces; más de 32 corrientes de agua, de esas que bajan vírgenes desde los picos nevados de la Sierra Nevada, han desaparecido en los últimos tiempos, consecuencia de la mano torpe del hombre...

... y lo más grave de todo: el carbón.

¿Por qué hace veinte años los samarios permitieron que sus paisajes comenzaran a desdibujarse con la irrupción del embarque carbonífero? ¿Apatía? ¿Indiferencia? ¿Impotencia ante la mano poderosa que impuso esa actividad a gran escala, teniendo en cuenta que hasta ex presidentes de la República son accionistas en algunas de estas empresas? De cualquier manera, el resultado a mediano plazo -un verdadero infierno en el paraíso- lo estamos viviendo hoy: cinco muelles carboníferos a lo largo de treinta kilómetros de las más hermosas playas del país, vertimientos accidentales o no accidentales, con miles de toneladas depositadas en el lecho marino, merma sustancial en la pesca, polvillo de carbón por doquier, un tren brutal y una actividad tractomulera, que atropellan brutalmente la necesaria paz serena del lugar.

Desde luego que el desgobierno reina. ¿Cómo olvidar que una ex ministra del Ambiente se atrevió a parar a una de estas empresas y terminó recibiendo una vergonzante desautorización presidencial? Hoy es muy poco lo que logran Lacera Rúa y los escasos seguidores de su virtual apostolado. El Gobierno toma medidas de consolación, de esas que tienen como objetivo apaciguar opinión, jamás resolver el problema.

Se prohíbe rotundamente el ingreso de las tractomulas a El Rodadero y su parqueo en la Troncal del Caribe. Lo primero es un imposible físico. Lo segundo, simplemente, no se cumple. En la zona carbonífera prevalece la ley de la selva.

Ahora se ha venido anunciando que, a partir del 2010, todo embarque de carbón debe hacerse a través de cargue directo. Pero ¿quién erradica lo vertido en 21 años? ¿Y quién garantiza que la operación, en efecto, será limpia? No ha habido hasta ahora un estudio serio que corrobore lo que en la zona de Santa Marta salta a la vista. El flamante Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), a pesar de que ha sufrido daños en sus equipos como consecuencia del carbón, es muy poco lo que aporta, distinto de una especie de negación sistemática.

Y eso es lo menos que podríamos pedirle en este día del medio ambiente del 2009 al Gobierno Nacional: que contrate a una organización internacional seria que efectúe el estudio a ver si las de Lacera Rúa no dejan de ser palabras al viento.

ernesto@laesquinadelcine.com