Y lo que pase en el parlamento inglés debe importar a todas las democracias.

Es un evento extraordinario, sin dudas. Todos los días, durante el último mes, los titulares de primera página del Telegraph -el periódico conservador de Londres- han prestado atención principal a un mismo tema. Sí, extraordinario. Los otros medios van a la zaga, pero difícilmente pueden ocuparse prioritariamente de otras cosas. Ni siquiera el accidente aéreo de comienzos de esta semana los distrajo mucho de este largo momento de la política británica: el escándalo de gastos en el parlamento.Para el mundo exterior, las revelaciones sobre cómo los parlamentarios británicos han abusado del sistema de gastos a su disposición le parecerán quizá nimias, en contraste con lo ocurrido en otros congresos. O simplemente irrelevantes frente a otros problemas. Pero el escándalo ha provocado una verdadera guillotina política en la Gran Bretaña, de magnitudes aún impredecibles. La lista de descabezados es amplia. La renuncia del presidente de la Cámara de los Comunes -sin precedentes en tres siglos- fue un anticipo. Quince parlamentarios han anunciado que no aspirarán a repetir curul en las próximas elecciones. En los últimos días, varios miembros del gabinete de Gordon Brown han presentado renuncia, incluida la Ministra del Interior. La suerte del Primer Ministro está en juego. El Guardian -periódico cercano al partido laborista- ha pedido que se retire, en duros términos: no tiene visión para el futuro, ni capacidad de liderazgo, su tiempo ya pasó.Los detalles de esta crisis -en medio de la recesión económica- tal vez solo sean de interés para el elector británico. A primera vista, algunos parecen irrisorios, no tanto por las cifras -a ratos diminutas- como por el tipo de objetos adquiridos por los parlamentarios. Más allá de estas y otras particularidades, el escándalo en el parlamento inglés ha desatado un serio debate sobre la política contemporánea, de profundo significado para cualquier democracia moderna.Ante todo, se destaca la necesidad de elevar el prestigio de quienes nos representan. La discusión, en buena parte además, gira sobre asuntos éticos. Hay casos que bordean el fraude y podrían ser objeto de investigación criminal. No obstante, la mayoría de los gastos en los que han incurrido los parlamentarios son legales. Aun así, han sido públicamente reprobados por transgredir otros códigos no jurídicos sobre la conducta que se espera de los miembros del parlamento.La transgresión de tales códigos en toda democracia exige sanciones políticas: de allí las renuncias a los cargos ministeriales o a las aspiraciones de repetir curul. Ello sólo es posible si la opinión pública y el electorado se movilizan. (Los resultados de las elecciones locales y europeas, celebradas ayer, añadirán ingredientes a la crisis.) Las revelaciones del Telegraph, fruto de una filtración, han motivado controversia sobre las fuentes y forma de obtener la documentación respectiva. No hay dudas de que lo revelado es de interés público. Existe el reto de saber discriminar: algunos temen que las acusaciones contra los parlamentarios (donde hay más de 600 miembros) vaya a afectar toda la institucionalidad. Queda abierto el interrogante mayor: ¿qué hacer?El Guardian ha lanzado una iniciativa para debatir "una nueva política". La receta de medidas propuestas no parece tener límites, casi todas poco originales: que se escriba la constitución británica, se acabe la monarquía, se modifique el sistema electoral, se reduzca el número de parlamentarios, se establezcan cuotas de representación femenina, se reduzcan los salarios de los representantes, se aumenten sus salarios, se cambie el funcionamiento del parlamento... Quizá de tanto interés como el menú sea la forma en que se aborde el proceso reformatorio. Se avecina un revolcón "a la británica". Y lo que sucede en la "madre de los parlamentos" -como nos lo recordara un editorial reciente de El Heraldo- debe importar a todas las democracias.