Conforme se acerca el momento de votar la conciliación que le daría aprobación final al proyecto de referendo reeleccionista, el miedo de los parlamentarios uribistas ha comenzado a aflorar.

Temen que si votan el informe de conciliación, teniendo ellos una investigación previa por un hecho relacionado con el trámite del referendo, se expondrían a una demanda, que de ser fallada en su contra, los dejaría sin investidura parlamentaria y  'muertos políticamente'.

El tema supera el debate de los impedimentos, las apelaciones y los tiempos legislativos. Las consecuencias que para la suerte jurídica de los parlamentarios tendría votar la conciliación, convierten la demanda no solo en el hilo más delgado del pulso  entre Uribe y la Corte Suprema de Justicia, sino en la mayor amenaza contra el referendo.

En lo que va corrido de la semana, congresistas del Partido de 'la U' y del Partido Conservador, los dos pilares de la coalición uribista, sostuvieron, por separado, reuniones con sus directores, para tratar el tema.

El temor es palpable. "Existe mucha preocupación por el tema de la investigación preliminar. Nos preocupa una demanda por perdida de investidura", reconoció Eduardo Crissien, de 'la U'.

En igual sentido se pronunció Augusto Posada, también de 'la U', quien afirmó que "hay prevención y temor" por las posibles consecuencias de la investigación.

Según Posada, en la reunión que sostuvieron el martes con Luis Carlos Restrepo, presidente del partido, "no escuché a nadie que estuviera tranquilo".

"El sentir de muchos es que la situación no es clara y pidieron que se estudie", dijo la congresista Karime Mota.

Y nadie parece dispuesto a 'darse la pela' de resignar su aspiración política a cambio de la tercera reelección de Uribe.

Por eso, al menos diez congresistas ya hablaron con Germán Varón, presidente de la Cámara y le pidieron que no los incluya en la comisión que conciliará el referendo con el Senado.

"Varios han manifestado su preocupación por el eventual problema que les pueda generar un proceso judicial en la Corte Suprema", reconoció Varón.

Pero nadie reconoce haberle hecho un pedido de esa naturaleza a Varón. Él único es el conservador José de los Santos Negrette, integrante de la Comisión de Ética que negó una recusación que pretendía que Varón no nombrara a los conciliadores del referendo.

"Yo me voy a declarar impedido. Hay que esperar a ver qué decide la plenaria", dijo Negrete, quien participó en una reunión que el miércoles sostuvieron congresistas conservadores con Efraín Cepeda, presidente de la colectividad.

Encabezados por los parlamentarios 'azules' Jorge Mantilla y Orlando Guerra, varios conservadores le manifestaron a Cepeda su "inquietud" por la llegada a sus despachos de la comunicación de la Corte.

El Partido Conservador contrató al penalista Jaime Granados para que les diga a sus representantes a la Cámara si deben o no declararse impedidos a la hora de votar el informe de conciliación que les presenten las comisiones de Senado y Cámara.

El martes, en reunión del directorio nacional del partido, les dirá qué hacer.

A partir de ahí, conseguir asesoría jurídica correrá por cuenta de los congresistas. Así que no solo tendrán que decidir si votan o no la conciliación. También tendrán que pensar de dónde sacarán, en plena campaña preelectoral, los cerca de 70 millones que un abogado les cobra por defenderlos ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la denuncia de Germán Navas, representante del Polo, la cual dio origen a la nueva situación, los congresistas incurrieron en prevaricato por acción, pues votaron el proyecto del referendo reeleccionista sin que hubiera claridad sobre las cuentas del comité promotor de la iniciativa.

Fuentes de las altas cortes expresaron que para que el Consejo de Estado entre a estudiar una demanda por pérdida de investidura tendría que haber una sentencia ejecutoriada en contra del congresista y no bastaría la mera existencia de una denuncia o de una investigación sobre el tema que están tratando para hablar de un conflicto de intereses.

Dignatarios de la Corte Suprema de Justicia le reiteraron ayer EL TIEMPO que no hay investigación penal alguna contra los congresistas.

Tal vez previendo el pánico que entre su bancada generaría este tema, el presidente Álvaro Uribe, reunido el miércoles con un grupo de sus congresistas, afirmó, en alusión directa a la investigación de la Corte, que "no se puede afectar la libertad del congresista" al momento de votar.

Sus palabras fueron replicadas ayer por el ministro del Interior, Fabio Valencia, quien aseguró que "ni el voto de un parlamentario ni lo que exprese en el ejercicio de su función puede tener responsabilidad penal para el parlamentario".

Pero las afirmaciones de Uribe y Valencia no han calmado los nervios de los parlamentarios. "Veo a la mayoría de gente con ganas de sacarle el cuerpo al tema", comentó un representante que pidió la reserva de su nombre.

Y es que para algunos, 'sacarle el cuerpo' a la conciliación sería el primer paso para hacer lo propio con el Presidente y la coalición uribista.

"Hay gente que hoy no está tan convencida de le reelección porque su propia reelección pasó a primer plano", afirmó el congresista de 'la U' Nicolás Uribe, quien aseguró que "hay gente, gente del uribismo, que debe estar con una sonrisa silenciosa viendo como esto se convierte en un problema para avanzar en la aprobación del proyecto".

Desde esa perspectiva, la investigación preliminar de la Corte Suprema de Justicia, está logrando lo que ni las recusaciones y las apelaciones han conseguido: que el referendo reeleccionista muera asfixiado, por falta de trámite y tiempo en el Congreso.