El éxito del V Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, realzado por la presencia de los Príncipes de Asturias y los presidentes de Colombia y México, constituyó nuevo y categórico rechazo contra ese crimen de lesa humanidad y expresión conmovida de solidaridad contra cuantos lo han sufrido y lo sufren. El objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de conocer la verdad y construir memoria encontró en Colombia campo propicio por sus especiales circunstancias y por las muchas incógnitas que rodean hechos pasados y presentes, aún en proceso de esclarecimiento. Los acontecimientos relacionados con la violencia están a la vanguardia de las preocupaciones nacionales, no siempre ni propiamente por sensacionalismo. Incluso dominan los entresijos de la política por la complicidad o la implicación de alto número de sus líderes regionales o locales. Con el narcotráfico se introdujo aviesamente esa violencia en las contiendas electorales. Todavía falta por conocer la extensión y profundidad de muchos de sus casos patéticos.Hacia atrás, entre otros, los asesinatos de Gloria Lara, del ex ministro Rodrigo Lara, de Álvaro Gómez Hurtado, de Luis Carlos Galán, cuyo juicio se ha reabierto en virtud del recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia. En estos episodios, a los cuales se suman no pocos, los de las cabezas de la Unión Patriótica, por ejemplo, la verdad ha sido esquiva o, por lo menos, se la ha descubierto tan sólo en parte. La actitud dominante de la comunidad y de sus instituciones rectoras ha experimentado cambio sustancial. En épocas pasadas, prevaleció la idea de perdón y olvido, con lo cual, singularmente con lo último, se aceptaban tácitamente y se disculpaban los actos de barbarie, después de cometidos. No habiendo instancia de justicia internacional ante quien apelar, se optaba por confiar en que no volvieran los mismos con las mismas, aun cuando se corriera el riesgo de que el ejemplo cundiera en terceros protagonistas. Por acuerdo implícito se renunciaba, prácticamente, a establecer la verdad histórica, o se la excusaba repartiendo entre todos las culpas. El Derecho Internacional Humanitario se encargaría de atemperar las conductas, pero ya hemos visto la dificultad de que rija en los conflictos internos para los cuales se instituyó y la imposibilidad de que los terroristas se sometan a sus normas o el peligro de que se las viole en las filas de la propia institucionalidad con descarríos de la gravedad de los "falsos positivos". Lo cierto es que las víctimas han dejado de ser figuras irreales. A cada paso las encontramos, si no yacen en tumbas desconocidas, en los desplazados que rondan por las calles. La verdad histórica camina y arrastra su pesadumbre a plena luz. ¿Cuál la política para socorrerlas? Claro que el ideal sería que no las hubiera. Pero, consumado el fenómeno, ¿cómo organizarlo y manejarlo, cómo proveer a sus víctimas de trabajo, pan y salud, cómo prevenir o cómo corregir su brutal desarraigo, cómo evitar que su destino sea peregrinar por las ciudades o reunirse en las plazas de la capital de la República? En rigor, se incorporan a la masa de desempleados sin medios lícitos de subsistencia. Previamente, cabe preguntar por qué esto ha de ocurrir cuando la Fuerza Pública domina el panorama y menoscaba, donde no elimina, los reductos de la subversión. Frutos como son del conflicto, no parece imposible medir su cuantía y procurar su reasentamiento si no fuere viable el retorno a sus lugares de origen. Cuando se le considera fuertemente disminuido y próximo a su fin, es menester contemplar los problemas sociales que vendrán a su término, los que ya se están presentando, y, por lo apremiantes, proceder en consecuencia.Definitivamente, a Colombia estas cosas le interesan e inquietan más que la crisis económica internacional y las políticas para enfrentar sus repercusiones. El desempleo se convierte, sin embargo, en común denominador al que toca prestarle atención efectiva, cualesquiera sean sus causas.