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Los desplazados en la Ley de Víctimas

La reparación integral de las personas desplazadas va más allá de la restitución de bienes.

Las personas desplazadas son el mayor grupo de víctimas del país y, seguramente, las más afectadas por el abandono, despojo o usurpación de tierras. Más de tres millones de personas desplazadas y por lo menos 5,5 millones de hectáreas abandonadas y/o despojadas, según la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-025 -una superficie semejante al departamento de Antioquia- reflejan la magnitud del reto que el Estado en su conjunto tiene al proteger los derechos de quienes han sido víctimas del despojo y evitar que los maten por reclamar ellos esos derechos.

Colombia discute un proyecto de Ley de Víctimas que ha despertado intensos debates. Para Acnur, es importante compartir nuestra opinión sobre el efecto de la ley en la población desplazada. Primero queremos destacar la importancia de reconocer el despojo y, con él, la necesidad de restituir sus tierras a las víctimas desplazadas (tema incluido en los textos del proyecto que conocemos) así como de restituir su patrimonio (casas, animales, maquinaria, cultivos) tema que entendemos no está igualmente desarrollado.

Por supuesto, la reparación integral de las personas desplazadas va más allá de la restitución de bienes. Además de resarcir la usurpación, ellas tienen derecho, como las demás víctimas, a la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción general, y las garantías de no repetición. Sin duda, la restitución es un primer paso en la dirección necesaria.

La Ley de Víctimas tampoco es el único escenario donde se discute hoy la restitución a las víctimas del desplazamiento. Las comisiones regionales de restitución de bienes cuya instalación lidera la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el programa de restitución que están formulando múltiples instituciones, también con el liderazgo de la CNRR, y las reformulaciones de las políticas de tierras y de garantía de derechos a la verdad, justicia y reparación, siguiendo los lineamientos solicitados por la Corte Constitucional, son todos espacios importantes.

Pero una ley que, sumada a estas otras acciones, envíe el mensaje claro de que el Estado asumirá como tarea prioritaria la restitución, es importante por varias razones.

Primero, por elemental justicia: no hacerla facilitaría que lo usurpado quedase en manos de los usurpadores (y eso, de paso, alentaría nuevos despojos). Segundo, para evitar que gran parte de los colombianos siga viendo a sus conciudadanos desplazados como personas pobres que reciben ayuda del Estado, y no como víctimas del conflicto que sufrieron graves perjuicios y deben ser restituidas y reparadas. El trato que se da a las personas desplazadas se convierte con frecuencia en una nueva victimización.

Una tercera razón es completamente práctica: gran parte de los desplazados internos dejaron atrás capitales, pequeños y no tan pequeños, que pueden ayudarlos a recuperar una vida digna. Como lo dejan claro los Principios Pinheiro -que hacen parte del Bloque Constitucional colombiano-, el derecho a la restitución es completamente independiente de la decisión de retornar o no.

La cuarta razón es que un mensaje fuerte de compromiso institucional con la restitución de bienes de la población desplazada mejora la protección de quienes en varias regiones de Colombia están intentando que les devuelvan lo suyo, mucho de los cuales han vuelto a ser amenazados, y algunos incluso asesinados. Sería abominable que, después de que les quitaron todo, los maten por tratar de recuperarlo.

La principal diferencia entre Colombia y otros países con serias crisis humanitarias es la capacidad de las instituciones colombianas. Esa capacidad permite asumir el reto de la restitución. Aquí, donde el despojo de tierras y bienes ha sido protagonista del conflicto, llenando las ciudades de personas a las que se les quitó todo, los beneficios de una política de restitución -y por supuesto, de prevención de nuevos despojos- no serían sólo para las actuales víctimas del desplazamiento forzado, sino para toda la sociedad.

* Representante del Acnur en Colombia

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
23 de mayo de 2009
Autor
Jean Nöel Wetterwald *

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