Liceth Peñaranda Peña, titular de ese despacho, rechazó las intimidaciones y aseguró que es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones contra empleados de su oficina.

Los amedrantamientos también se extendieron al personal de Acción Social en Magdalena, La Guajira y Cesar; y a líderes de desplazados.

La Defensora se mostró preocupada, pero dijo que la situación más grave la viven los líderes de la población desplazada que están siendo asesinados.

"Si miramos los antecedentes en Santa Marta tenemos alrededor de 10 líderes amenazados, y en el Magdalena cinco más. Ya han sido asesinados tres presidentes de juntas de acciones comunales de la Troncal del Caribe, donde ha habido un fenómeno de desplazamiento masivo", manifestó Peñaranda.

En los panfletos amenazantes, el grupo delincuencial 'Águilas negras', asegura que se ha detectado una banda de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Acción Social y lideres de desplazados, que se están aprovechando de las necesidades de los desplazados para estafar al Estado y "que estas personas serán erradicadas".

Peñaranda afirmó que ningún funcionario de la Defensoría del Pueblo jamás ha sido señalado o estigmatizado como corrupto o como participe de los carteles o mafias que son nombradas en los panfletos.

"Yo tengo que salir adelante a defender a la Defensoría del Pueblo, porque nosotros como institución defensora de los derechos humanos hemos hecho todo de acuerdo con lo que la Constitución y la Ley 387 establecen", agregó.

Según la funcionaria, por lo preocupante de la situación el Ministerio del Interior ha sido puesto al tanto de las amenazas.

"La ubicación estratégica y la salida al mar de la Sierra Nevada, propicia ese escenario de violencia, con presencia de actores armados que afectan a las personas que tienen que desplazarse y por temor no denuncian los hechos", puntualizó.

SANTA MARTA