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El soldado regular

El reciente fallo del Consejo de Estado por el cual se condena a la Nación a pagar cuantiosa indemnización por la herida sufrida por un soldado del servicio militar obligatorio en un misión de combate y la prohibición de utilizar este tipo de soldados en misiones de guerra plantean una difícil situación para el Ejército Nacional y la Infantería de Marina. La primera cuestión gira en torno a lo que es un soldado conscripto por mandato de la ley, que dispone el servicio obligatorio del ciudadano bajo banderas al cumplir los 18 años.

La historia militar del país se ha cumplido con soldados regulares, que son, como queda dicho, los de conscripción forzosa. Antes de que apareciera la figura del soldado profesional voluntario, quienes comandamos unidades militares en guerra internacional -campaña de Corea- o el prolongado conflicto interno aún en curso, lo hicimos con soldados regulares que cumplieron con heroísmo, entrega, abnegación y voluntad las misiones que les fueron impuestas. Nuestra obligación de comandantes fue, y sigue siendo, formarlos debidamente, entrenarlos, responsabilizarnos por su desempeño en acción y proteger sus vidas mientras las demandas de la misión no obligaran al sacrificio supremo o, al menos, al desafío que pudiera demandarlo.

El Ejército actual está compuesto por soldados voluntarios y conscriptos. No existe -ni podría existir dentro de una lógica del conflicto armado- una diferencia entre las misiones de uno y otro tipo de combatientes. Existen, claro está, unidades especiales de contraguerrillas, que demandan veteranía superior, conformadas, hasta donde las disponibilidades humanas lo permiten, por soldados profesionales con prolongada experiencia de combate.

Pero es necesario comprender que, en la fase de consolidación en curso, la inmensidad del territorio colombiano, con grandes extensiones de selva y alta montaña, requiere un dispositivo que no podría ejecutarse si se sustrajeran los 103.000 conscriptos o regulares del Ejército y, prácticamente, dos terceras partes de Infantería de Marina, responsables de cubrir regiones donde aún existen agrupaciones armadas con capacidad de combate. Como no existía antecedente alguno que arrebatara al soldado regular su función histórica, esta sustracción crearía una situación inmanejable.

El limitado presupuesto del Ministerio de Defensa no ha hecho posible la sustitución de los soldados regulares por profesionales, que podría invocarse como argumento para impedir el empleo de los primeros en misiones de combate. Y, aun si se dispusiera de presupuesto, la conscripción de voluntarios tomaría tiempo, pues no existen candidatos en número y voluntad de incorporarse a filas y correr los riesgos del conflicto armado. Mientras tanto, la presencia de regulares en zonas de peligro, donde en cualquier momento pueden ocurrir combates, dada la movilidad y tácticas guerrilleras y, por ende, bajas o lesiones de personal conscripto, dejaría al mando en situación de desobediencia a la dichosa sentencia. Tremendo galimatías que, además, contradice la obligatoriedad constitucional del servicio bajo banderas.

¿Estaremos olvidando el principio de que "todo colombiano está en la obligación de tomar las armas cuando las necesidades públicas así lo exijan, para defender el suelo patrio y las instituciones legítimas"? Nadie ha dicho que ese deber nacional impida a quienes lo cumplen participar en acciones de combate.

Por otra parte, dispone el fallo que los soldados regulares deben emplearse en "tareas de bienestar social en beneficio de la comunidad y preservación del medio ambiente, pero no en misiones de inteligencia de combate...". Cabría preguntar: ¿dónde están las organizaciones para recibir a esos 103.000 combatientes? ¿De dónde se tomaría el presupuesto necesario para desarrollar esa peregrina orientación del servicio militar? O si se pretende que los cuadros de mando de esos miles de soldados pasaran con ellos a dirigir sus tareas, ¿de dónde saldrían los mandos de los voluntarios que supuestamente los reemplazarían?
alvatov2@yahoo.com

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
7 de mayo de 2009
Autor
Álvaro Valencia Tovar

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