En bares de zonas populares de Medellín y el Eje Cafetero buscan las pistas de una investigación en la que tienen puestos los ojos organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional.

Los agentes del CTI no están detrás de ningún delincuente, sino de víctimas de otro de los capítulos no explorados del conflicto en Colombia: la esclavitud sexual.

El testimonio de una trabajadora de un bar de Medellín, que se embolató por casi cinco años en los despachos judiciales, está moviendo ahora a varios equipos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Ella contó que milicianos de las Farc la recogieron de uno de esos sitios y que lo mismo pasó con otras nueve mujeres. "Me prometieron que ganaría tres millones de pesos libres en tres meses y que después volvía a Medellín (...) Nos mandaron en avión, todo a lo full (...)".

La muchacha, que tenía 21 años, sabía que iba a trabajar en prostitución. Lo que ignoraba eran las condiciones. Lo que ha podido establecer la Fiscalía es que la llevaron a un campamento guerrillero enclavado en las zonas cocaleras entre Meta, Caquetá y Guaviare, y que su historia es la misma de decenas de jóvenes reclutadas con ese fin en Antioquia y el Eje.

"El asunto se complicó cuando vi la fila de hombres (...) Me obligaron a estar con todos ellos y con los que llegaran -dijo en el expediente-. También debía participar de las 'jornadas comunitarias'. Eso es barrer calles, 'raspachinear' coca y, extra, atenderlos. No se pueden imaginar lo terrible que fue".

Paradójicamente, su salvación fue una enfermedad tropical que obligó a sus carceleros a sacarla de la zona. Regresó a Medellín después de varios meses sin un peso.

La Fiscalía pretende saber cuál fue la suerte que corrieron sus compañeras. "Me enfermé y me dejaron salir; si no, estaría allí. Todas ellas se quedaron", contó.
Como hacen las redes tradicionales de prostitución, las obligaban a entregar sus papeles de identidad, para forzarlas a quedarse.

Casas de prostitución 'paras'

Luz Piedad Caicedo, coordinadora de investigaciones de la ONG Humanas, que trabaja en la defensa de los derechos de género, dice que el reclutamiento de trabajadoras sexuales fue, y sigue siendo, una práctica común en 'paras' y guerrillas. El 'servicio' se extendía a los ejércitos de trabajadores de la coca en sus zonas de influencia. "Se trata de una estrategia netamente machista: 'premiar' a los hombres mediante el ofrecimiento de mujeres después de un combate, por ejemplo, o cuando están con la moral baja", explica.

Entre los 'paras', según los testimonios de víctimas y sus familias y las investigaciones de la Fiscalía y las ONG, también fue usual el rapto de adolescentes que fueron obligadas a trabajar en prostíbulos de los jefes de los grupos.

Una madre, también de Medellín, le contó a la Fiscalía que su hija de 13 años desapareció un día de las comunas y que lo siguiente que supo de ella fue que la tenían los 'paras'. "Se la llevaron por 8 días (...) La niña logró hacerme una llamada, lloraba y decía que no podía contarme nada. Me la regresaron en un taxi por la noche. La tuvieron en una casa de prostitución que ellos controlaban", narró la mujer.

Una amiguita de la primera víctima, de 15 años, quedó embarazada. La Fiscalía apenas empieza a investigar testimonios recogidos en el 2005 por una relatora de la Comisión Interamericana de DD.HH en el Cauca: "Los jefes 'paras' mandan a buscar niñas entre 12 y 14 años para que vivan con ellos, presten servicios sexuales y se hagan cargo de labores domésticas (...) En otros casos recogen a mujeres en los bares, las llevan a los campamentos y las devuelven al poblado, golpeadas, en las mañanas".

La polémica por la conveniencia de ahondar en la violencia sexual en el conflicto está encendida. Unos dicen que el país no está preparado para abordar ese tema por la cultura machista y sobre todo porque la reconstrucción judicial revictimiza a las afectadas. Otros, que la verdad plena hace parte de la reparación.

Lo cierto es que solo nueve paramilitares, de más de 1.500 que han declarado, han confesado su participación en 20 crímenes de este tipo en Justicia y Paz. Ninguno ha hablado de esclavitud sexual.

'Visibilizar crimen no es revictimizar'

Las ONG y el Estado siguen discutiendo la mejor manera de sacar de la impunidad los delitos de violencia sexual. Con el norte claro en que hay que proteger a toda costa a las víctimas, se han formulado algunas estrategias para enfrentar uno de los rostros más crueles del conflicto.

La Fiscalía creó un grupo élite de investigación liderado por mujeres, entre ellas Marilú Méndez, directora del CTI.

Se está discutiendo un protocolo para que los operadores de justicia sepan cómo ayudar a las víctimas y para que se eviten prácticas que las sometan a tratos indignos.
Una de las propuestas es que se manejen no casos individuales sino denuncias colectivas.

Humanas dice que el hecho de visibilizar un crimen "no es revictimizar, es devolverles a esas mujeres su calidad de ciudadanas".

REDACCIÓN JUSTICIA