Nada más el fin de semana pasado en esta capital murieron 19 personas de manera violenta. La mitad, según el secretario de Gobierno, Jesús Ramírez, son atribuibles a la guerra entre bandas.
Las demás muertes corresponden a intolerancia y otros factores.

Ayer la policía ofreció hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato de un bebé de 18 meses en medio de un abaleo en el barrio Olaya Herrera (occidente de la ciudad), el viernes pasado.

En el hecho hubo otros dos muertos. Según testigos, al parecer estos llegaron a atacar a cinco  jóvenes en una esquina y aquellos los recibieron a bala.

También, el sábado, en el barrio Santa Lucía,  en el mismo occidente de Medellín, hombres armados atentaron contra seis jóvenes que consumían droga en una cancha; tres perecieron y uno permanece con muerte cerebral.

Aunque se trata de una racha que conmueve a la ciudadanía, en vísperas de la Semana Santa fue aún peor, con 31 muertes violentas, y un gran porcentaje ocurrió por la lucha de grandes poderes de la mafia y por otra pelea de más bajo perfil por el control de las plazas barriales de droga.

Los operativos en las vías, la vigilancia en las comunas y medidas desesperadas como la restricción del porte de armas y la veda a parrilleros hombres en moto no han sido suficientes hasta ahora para frenar la oleada violenta.

La Alcaldía le ha insistido a la Policía que envíe más efectivos, pero hace dos semanas el director nacional,  general Óscar Naranjo respondió que por lo menos hasta noviembre no será posible porque no hay con qué pagarles a los agentes que se graduarán en junio. 

Lo normal es que este rubro salga del presupuesto nacional, pero el secretario Ramírez dijo ayer que la Administración está dispuesta a llenar el vacío en la nómina de medio centenar de policías durante los seis meses que faltan.

'Tenemos 3.500 millones ya para girarle al Ministerio de Hacienda', añadió Ramírez.

Pero aun si estos llegaran, no sería suficiente para llenar el déficit. Un diagnóstico de la Secretaría de Gobierno sostiene hacen falta 1.200.

Actualmente en la ciudad hay asignados unos 5.200 efectivos policiales, pero sacando la rotación por vacaciones y los puestos administrativos, serían unos 4.000 patrullando. Esto significa entre 1.800 y 2.000 ciudadanos por policía, mientras que los estándares internacionales hablan de una relación de uno por 250 a 300.

El personero delegado para los Derechos Humanos, Jorge Ceballos, está de acuerdo en que la Fuerza Pública es necesaria, pero no en que todo el tema se centre ahí.

"Tenemos que hablar de una seguridad donde haya inversión social en infraestructura, pero también en desarrollo humano 'educación, igualdad de oportunidades, recreación', además es necesario examinar los procesos de desmovilización que han ocurrido en Medellín desde los 90", dice.

Otras voces críticas de la Administración, como la Corporación para la Paz y el Desarrollo Corpades, son más tajantes en que lo que se requiere no es más policía sino depurar los organismos de seguridad para ver si existen miembros de ellos emparentados con grupos ilegales.

¿'Será efectivo controlar militarmente las comunas si la autoridad legal no tiene precisión de quiénes son los verdaderos jefes paramilitares y mafiosos que articulan en sus estructuras a las redes criminales urbanas'?, se pregunta el presidente de Corpades, Fernando Quijano.