Hay 1.294 casos detectados de campesinos que son suplantados por juristas, vecinos o intermediarios para cobrar los subsidios que reparte Acción Social y de estos ya hay 546 casos judicializados.

Cifras extraoficiales indican que esta mafia se ha apropiado de cerca de 17 mil millones de pesos. Las zonas con mayor número de fraudes son, en su orden, Magdalena, Antioquia, Bogotá y Valle.

La Fiscalía ya tiene identificados a ocho abogados, tres líderes sociales y un grupo de particulares que hacen parte de esta mafia.

Estos, incluso, ya están ofreciendo 'paquetes' o 'combos' jurídicos cuyo valor oscila entre los 40.000 y los 300.000 pesos. Los 'paquetes' incluyen derechos de petición, tutelas, y desacatos.

El Gobierno atribuye parte de esta caótica situación a la aplicación equívoca de la jurisprudencia que las altas cortes han emitido en torno al desplazamiento.

Por ejemplo, el Consejo de Estado ordenó en el 2008 que cualquier persona tiene derecho a ser incluida en el registro de desplazados sin importar la época y por ahí ha entrado literalmente de todo.

La preocupación es tal, que EL TIEMPO conoció un informe confidencial del Gobierno en donde se advierte que si las tutelas no paran, el presupuesto del 2009 se agotará en un par de meses y la ayuda a desplazados podría colapsar.

Algunos casos

El abogado sucreño Erlin Zader Medina Pérez acaba de ser denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por estar cobrándole a un grupo de familias de desplazados trámites que son absolutamente gratuitos.

A Nancy Peinado, por ejemplo, le está pidiendo el 20 por ciento de la ayuda que Acción Social le va a girar por alimentación y alojamiento desde 1999 -cerca de 44 millones- y le garantiza que le conseguirá subsidios hasta que le entreguen plata para una vivienda, una microempresa, ayuda de transporte y hasta tierra.

Y a Anselmo Porras Cuadrado le está prometiendo y cobrando algo similar por subsidios a los que ni siquiera tiene derecho al no estar en el registro único de desplazados. Pero Medina no es el único que está realizando este tipo de maniobras y jugando con el drama y el futuro de los desplazados por el conflicto interno colombiano.

 Bombardeo de tutelas

"La estrategia es bombardear de tutelas a Acción Social y, de común acuerdo con jueces, acceder a 'derechos' inexistentes", dice un investigador de la unidad exclusiva que creó la Fiscalia para rastrear a estos casos.

Efectivamente, en los últimos cinco años se han instaurado 62.250 tutelas contra esa entidad y en lo corrido del 2009 ya van 26 mil 430.

Para hacerle frente a esta ofensiva jurídica -similar a la que tiene postrada a Cajanal- Acción Social pasó de tener un grupo de 15 abogados a un pool de 73 que le valen al erario 2.562 millones al año.

El boquete judicial

Aunque algunas de las acciones son procedentes, la gran mayoría apunta a estrategias que están desangrando el presupuesto destinado a los desplazados, que pasó de 698 mil millones de pesos, en el 2006, al billón de pesos anual.

Por ejemplo, a punta de tutelas sospechosas han logrado individualizar familias para que cada uno exija ayuda por separado; están pidiendo que reliquiden subsidios con efectos retroactivos de hasta 20 años; y colando a personas que, sin mayores pruebas, dicen haber sido desplazadas en los 50, los 60 y los 70.

Las autoridades solicitaron no revelar los nombres de los favorecidos con esos fallos, por seguridad de quienes sí sufrieron desplazamiento. Pero dijeron que van casi 104 mil casos anteriores a 1997.

Esa cifra, según Acción Social, justifica en buena medida el aumento en el censo de desplazados que sigue causando polémica.

Pulso por cifras sobre desplazados

Como ocurre con otros preocupantes fenómenos -como el secuestro- no existe una cifra unificada sobre el número de desplazados en Colombia.

Codhes, ONG que trabaja el tema, dice que en el 2008 la cifra aumentó un 24 por ciento (270.675 personas) por el reagrupamiento de 'paras' y por la guerrilla. Según la ONG, la cifra ratifica a Colombia como el segundo país del mundo con más desplazados -después de Sudán- con 4,6 millones de pesonas. Pero el Gobierno asegura que los desplazados en ese lapso fueron solo 111.000, rechazó el informe de Codhes, calificó las cifras de "irreales" y cuestionó la metodología de conteo. Pero el interrogante y el drama persisten.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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