Que tres de cada diez estudiantes menores de 15 años de Bogotá se declaren fumadores es inaceptable, pero que dicha prevalencia sea una de las más altas del mundo ya es inconcebible, justo ahora cuando el planeta entero -que entendió los graves riesgos que conlleva el consumo temprano de cigarrillo- está adoptando medidas colectivas para erradicar con fuerza el tabaquismo.

La más reciente encuesta mundial de consumo de cigarrillo en los colegios, llevada a cabo en Colombia por el Instituto Nacional de Cancerología, arroja otros datos alarmantes, que son el reflejo de las graves fallas de prevención y control que, en esta materia, tiene el país.

Según los análisis, seis de cada diez escolares compran sin problema alguno cigarrillos en tiendas y supermercados, pese a que existe una prohibición explícita de vender este producto a menores de edad. Como si fuera poco, el 14 por ciento de estos fumadores de lonchera dicen haberse iniciado en el hábito antes de cumplir 10 años y la mitad de todos los encuestados aseguran estar expuestos al humo nada menos que en sus propias casas.

Son de sobra conocidos los efectos lesivos que el cigarrillo y sus cerca de 4.000 sustancias nocivas causan en el organismo, las mismas que se multiplican exponencialmente en un cuerpo en desarrollo. Los niños y los adolescentes fumadores no solo son más proclives a sufrir males respiratorios, diabetes, cáncer y alteraciones del crecimiento, sino también daños cerebrales por la disminución de irrigación y de oxígeno en estas estructuras. El tabaquismo a estas edades es, además, la puerta de entrada a otras adicciones.

Mal contadas, cada año mueren en el país 20.000 personas por causas asociadas a este hábito, y los costos de la atención de las enfermedades que genera sobrepasan los 1,5 billones de pesos anuales. Semejante panorama bastaría para declarar el tabaquismo como un problema de salud pública, pero la única conclusión que hoy puede sacarse es que el país sigue siendo laxo a la hora de enfrentarlo.

Casi un año y medio después de que Colombia adhiriera al Convenio Marco para el Control del Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este sigue sin reglamentarse. Por ahora se cuenta con una resolución del Ministerio de la Protección Social que crea espacios ciento por ciento libres de humo. Pese a su buen recibo entre la sociedad, se queda corta en materia de sanciones y otras medidas complementarias, necesarias para lograr una efectiva y contundente reducción del consumo.

El control del tabaquismo es un reto complejo, porque excede el ámbito sanitario e involucra a otros sectores, como el del régimen fiscal, el de la publicidad, el de la educación y el de la agricultura. En ese orden de ideas, el convenio de la OMS deja sentado que, para que favorezcan realmente el bienestar colectivo, las medidas que se tomen con el fin de encarar este problema deben involucrar, de manera integral, todos estos aspectos.

Es evidente que sin la clara y abierta voluntad política del Estado no será posible enfrentar los sólidos intereses particulares que mueven el negocio del tabaco. Ha sido este factor el principal responsable del hundimiento, en los últimos 16 años, de 20 proyectos de ley que pretendían frenar, de algún modo, el tabaquismo en el país.

Ahora que el Senado inicia la discusión de una nueva iniciativa en esta materia, que, sin ser la ideal, hasta ahora es la más coherente en lo que tiene que ver con la salud pública, se espera que legisladores y Gobierno demuestren que tienen un verdadero interés de enfrentar abiertamente esta situación. Ojalá la propuesta en cuestión no pase a ser la número 21 de las hundidas.