Rennison Castillo llegó temprano en la mañana a una oficina del servicio de inmigración de Seattle el 28 de octubre de 1998 para jurar como ciudadano. Lucía un uniforme del ejército almidonado y quería conseguir un buen asiento. Se sentó en la segunda fila.

Castillo nació en Belice y vive en Estados Unidos desde que tenía siete años. Sirvió dos años en el ejército. Pero sus superiores le dijeron que no podía permanecer en esa fuerza si no se hacía ciudadano. Tomó entonces el examen de la ciudadanía y lo pasó con facilidad. No pudo responder una sola pregunta, el nombre de un funcionario electo local.

"Me sentí orgulloso" de sacar la ciudadanía, comentó.

Siete años después, Castillo fue encerrado en una celda del servicio de inmigración de Tacoma, Washington, después de pasar ocho meses preso en el condado de Pierce por violar una orden de que no se acerque a alguien y por el robo de una residencia.

Una empleada de la prisión le preguntó si quería regresar casa.
Pensó que aludía a su residencia de Lakewood, Washington, y respondió: "Sí, me encantaría".

La empleada lo encadenó y le dijo que sería deportado.

Una y otra vez Castillo dijo que era ciudadano y pidió que corroboraran sus datos en las computadoras.

Pero las autoridades afirmaron que no había nada que confirmase que era ciudadano o que hubiera hecho el servicio militar. Un agente incluso reconoció a Castillo, con quien había servido en el ejército en Fort Lewis, Washington, y mencionó el batallón, pero señaló que no podía ayudarlo.

Castillo finalmente consiguió que un amigo buscase en el baúl de su automóvil sus documentos militares y logró ser liberado... casi ocho meses después de haber sido detenido por el ICE.

Descubrió seguidamente que el servicio de inmigración tenía dos archivos sobre él, con diferentes números, y radicó una demanda.

"Sé que nada es perfecto ni lo será, pero no entiendo cómo pueden haber cometido semejante error", declaró. "Me pasó a mí y estoy seguro de que le puede suceder a cualquiera".

Ricardo Martínez

El problema de este hombre nacido en McAllen, Texas, no fue que lo expulsaron del país, sino que no lo dejaron regresar.

Martínez vivió en México entre los cinco y los 17 años de edad.

Como tantos otros residentes de la frontera con familia en México, Martínez visitó con frecuencia ese país. Pero cuando intentó regresar luego de una visita en julio de 1999, no lo dejaron entrar en el puesto de Nogales, Arizona, porque los agentes del servicio de inmigración descubrieron dos copias de su certificado de nacimiento, emitidas en distintos años y con diferentes fechas. Martínez, quien no habla muy bien inglés, dijo que nunca había notado el error.

Finalmente mostró su pasaporte y pudo ingresar el país. Pero sus problemas no acabaron allí.

En enero del 2006 volvió a México para ver a su abuela, quien estaba al borde de la muerte. Cuando intentó regresar por Laredo, en marzo, llevaba consigo sus certificados de nacimiento, otra tarjeta que se da al nacer, su pasaporte y tarjetas de identificación de Nebraska, California y Texas, ya que había trabajado en esos tres estados.

A esa altura las medidas de seguridad en la frontera eran más estrictas y cuando los agentes vieron en la computadora el problema que había tenido previamente en Nogales, dijeron que el pasaporte era falso, indicó Martínez.

Fue llevado entonces a un salón donde le hicieron sacar los zapatos, lo revisaron, lo encadenaron a una silla y lo retuvieron dos horas, mientras los agentes inspeccionaban sus documentos. Le dijeron que si no confesaba el fraude, estaría preso entre seis y ocho meses, según una demanda que radicó Martínez contra el gobierno.

"Me dijeron que si no confesaba que era de allí (México), me mandarían a la cárcel. Estaba asustado", relató.

Agregó que pidió llamar a su madre para corroborar su
nacionalidad, y se lo negaron.

El padrastro de Martínez, Florentino Mireles, dijo que llamó a los inspectores y les preguntó por qué se habían quedado con los documentos del muchacho. Le respondieron que los agentes no creían que era estadounidense porque no hablaba inglés.

Martínez no quería ir a la cárcel y firmó los documentos.

Posteriormente dijo que no sabía que al firmar, estaba admitiendo que no había nacido en Estados Unidos.

A sus padres les tomó dos años encontrar un abogado barato que pudiese defender a su hijo. Finalmente, en una oficina de Hidalgo, la abogada Lisa Brodyaga le mostró a los agentes fronterizos un certificado de nacimiento de Martínez en poder de sus padres, con sus huellas dactilares, y documentos que corroboran que había trabajado legalmente en Estados Unidos y pagado impuestos. Los agentes admitieron que era ciudadano y le permitieron regresar. 

Como en los otros casos, el ICE no comenta el tema porque hay un caso judicial pendiente. Pero un portavoz del organismo dijo que Martínez nunca había denunciado irregularidades.

Brodyaga sostiene que la detención y/o deportación de ciudadanos es algo más que una torpeza burocrática.

"Trabajo en esto desde hace 30 años y sé lo que es un error burocrático", afirmó. "Esto va más allá. En la frontera hay una atmósfera de desconfianza y hostilidad, especialmente hacia los mexicano-estadounidenses".

Hugo Alvarado  

Un soleado sábado hace dos años, Hugo Alvarado Jr., de 22 años, bebía cerveza con unos 15 amigos frente al edificio de departamentos de Tulsa donde vivía. En el complejo residían muchos inmigrantes, pero él nació en Bakersville, California.

Hacia las nueve de la noche aparecieron agentes del servicio de inmigración. Los amigos se esfumaron y Alvarado fue apresado. Cuando le tomaron los datos, Alvarado se negó a dar su número de Seguridad Social porque pensó que no le correspondía hacerlo.

"Si fuese una persona blanca, no lo pedían", sostuvo.

Los agentes inventaron un número y lo apuntaron.   Posteriormente, Alvarado aceptó dar el número, pero como no coincidía con el que aparecía en los papeles, dijeron que mentía.

Lo tuvieron detenido dos días, hasta que su padre trajo pruebas irrefutables de que era ciudadano.

Jim Hayes, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés), dice que esa agencia no detiene intencionalmente a ciudadanos estadounidenses.

Juan Manuel Carrillo

El 16 de agosto del año pasado, Juan Manuel Carrillo Jr., de 19 años, comenzaba su turno en la planta de Pilgrim's Pride en Mount Pleasant, Texas, cuando los capataces llamaron a varias personas.

Él fue uno de los convocados.

"Fui con un grupo de trabajadores. Pensamos que era un control de drogas. No sabíamos que estaba el servicio de inmigración", declaró Carrillo en español.

Los agentes dijeron que su nombre figuraba en una orden de arresto. La redada en busca de indocumentados fue una de cinco que se llevaron a cabo en plantas de Pilgrim's Pride en todo el país, en las que fueron detenidas unas 400 personas, según la empresa. El ICE dice que fueron 300.

Carrillo, quien nació en San Diego, fue uno de ellos. Dice que le informó a los agentes que era ciudadano estadounidense, pero que le esposaron las manos y las piernas y fue trasladado a un centro de detención en Tyler, a unos 65 kilómetros (40 millas). El único documento que llevaba encima era una licencia de conducir.

Carrillo insistió en que era ciudadano, pero el conductor le dijo que se callase.

"Estaba trabajando bien, todo estaba en orden, pero nadie quería escuchar a alguien que estaba aquí legalmente", afirmó Carrillo. "Tienen que escucharlos".

Le dijo a los agentes que tenía el pasaporte en su casa, donde estaba su hermano. Los agentes fueron a la vivienda y entraron por la fuerza, según Carrillo. Interrogaron a su hermano acerca de quién vivía allí y su status legal.

Carrillo fue liberado luego de estar detenido 12 horas. "Te sientes como un delincuente, como si hubieses hecho algo, como si hubieses matado a alguien", se quejó.

Jim Hayes, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés), dice que esa agencia no detiene intencionalmente a ciudadanos estadounidenses.

RMG Castro (6 años, no se da el nombre completo porque es un menor)

Mónica Castro se separó de su compañero Omar Gallardo y no vio a su hija durante tres años porque le pequeña, quien era ciudadana estadounidense, fue enviada a México.

Gallardo, quien era indocumentado, no quería desprenderse de la pequeña, por lo que Castro, quien es ciudadana estadounidense, lo delató al servicio de inmigración. Pensó que así podría reencontrarse con su hija.

Pero ocho horas después de que la patrulla de fronteras capturó a su marido, la hija de Castro, de un año, fue subida a un vehículo del gobierno, que no tenía sillas para menores, y despachada hacia la frontera con México, a 480 kilómetros.

"Era mi último recurso, llamar a inmigración", declaró la mujer. "Sé que estuve mal, lo lamento. Pero ella era mi hija. Estaba asustada. Me dijeron que me ayudarían y, llegado el momento, cambiaron su historia".

La niña había estado con su padre y "cuando me reuní con ella, no sabía quien era yo", relata Castro. "Pataleaba, me empujaba, me golpeaba, no quería tener nada que ver conmigo''.

La Patrulla de Fronteras le entregó entonces la niña al padre, que se la llevó a México al ser deportado. Dice que no fue "deportada" porque puede regresar al país cuando quiera y se fue con un padre que tenía la custodia legal.

Durante tres años, lo único que supo Castro es que la niña estaba en Ciudad Juárez, una urbe de 1,3 millones de personas. No le enviaron cartas ni fotos, y no sabía cómo ponerse en contacto con ella.

"No pude disfrutar de todos esos años de la infancia", se lamenta Castro. "Nunca tendré los recuerdos de esa época, hasta los cuatro años".

Castro demandó a la patrulla fronteriza y un juez desestimó la acción tras dictaminar que no hay leyes ni políticas que contemplen una situación como la que enfrentaron los agentes. Pero el juzgado del 5to Circuito revocó ese fallo y considerará la demanda.

La patrulla fronteriza se abstuvo de hablar del caso porque todavía está siendo juzgado.

"Si la patrulla fronteriza tiene un niño estadounidense en su custodia y se presenta un padre que es ciudadano estadounidense, no hay razón alguna para que atienda los deseos de un padre extranjero y lo envíe de vuelta con el padre extranjero", expresó al abogado de San Antonio Javier Maldonado.

Hace tres años, Heidy Hazel Baires Larios, de 32 años, se dirigía a una fiesta con amigos cuando fue interceptada por la policía.

Sus amigos tenían cerveza en el auto. Fue encarcelada y considerada una residente legal deportable porque había estado presa seis meses en el 2002 por llevar consigo menos de un gramo de cocaína.

Baires pasó dos años presa mientras se procesaba su solicitud de ciudadanía.

"Rezaba y nunca perdí la fe. Estas son las pruebas a que te somete la vida para ver qué tan creyente eres", manifestó Baires, quien nació en El Salvador.

Sus padres se divorciaron en 1978. Dos años después, su padre sacó la ciudadanía estadounidense y obtuvo su custodia. Vino a vivir con él en noviembre de 1990.

Un juez de inmigración dictaminó que no es ciudadana porque no estaba con su padre cuando éste se hizo ciudadano. Pero un tribunal de apelación anuló ese fallo y el juez de inmigración admitió documentos escolares que comprueban que estaba bajo la custodia de su padre antes de cumplir 18 años.

Jim Hayes, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés), dice que esa agencia no detiene intencionalmente a ciudadanos estadounidenses y que los procesos de expulsión ayudan a resolver casos complejos.

Omar Pérez Moreno

Omar Jorge Pérez Moreno fue detenido cuando tenía 20 años por vivir con una novia menor de edad, de 14 años.

Dijo que no sabía que su relación con ella constituía estupro. Pero se declaró culpable, como le habían aconsejado, y pasó dos meses y medio en la cárcel. Luego quedó en libertad condicional por tres años.

Al ser excarcelado, volvió a su trabajo en una planta procesadora de ostras. No acudió a dos citas con el agente que vigila su libertad condicional y se libró una orden de arresto en su contra. El 26 de mayo del año pasado la policía lo detuvo por manejar a excesiva velocidad y vio la orden de arresto.

Pérez Moreno, de 23 años, fue sentenciado a 40 días de cárcel. Luego de 25 días, se le informó que quedaría bajo la jurisdicción del servicio de inmigración.

Súbitamente, Pérez Moreno enfrentaba la perspectiva de ser deportado a México. Vio cómo otros permanecían detenidos por años tratando de conseguir la ciudadanía y decidió que no quería eso.

Comenzó a prepararse para una vida en México.

"No quería quedarme allí (preso). Tenía que salir. No lo soportaba. A nadie le gusta perder su libertad", expresó.  

Una mañana lo despiertan y la dicen que alguien del Northwest Immigration Rights Project quería hablar con él. Melissa Williams Avelar le hizo algunas preguntas. ¿Sus familiares eran residentes legales? ¿Cuándo se hizo ciudadano su padre? Enseguida determinó que Pérez Moreno era ciudadano estadounidense.

"¡Qué!", exclamó Pérez Moreno. "Me sentí muy feliz. Fue una sensación inexplicable. Estaba estupefacto. No tenía palabras".

Al día siguiente de su liberación, Pérez Moreno se presentó ante la oficina del alguacil, como se le exige a quienes han sido hallados culpables de tener relaciones sexuales con menores. Volvió a trabajar en la planta de ostras.

Habla bien español e inglés y quisiera trabajar de traductor.     "Sé que Dios me dio una oportunidad. No mucha gente recibe estas oportunidades", manifestó.

Añadió que, por más que él no supiese que era ciudadano, el servicio de inmigración sí debió saberlo.

"Ese es su trabajo", sostuvo. "Deben asegurarse de que no detienen a ciudadanos como yo".

Alicia Rodríguez

Alicia Rodríguez, de 30 años, todavía sufre al pensar que no pudo acompañar a su hijo en su primer día en el jardín de infantes.

Rodríguez es una estadounidense de tercera generación que habla solo inglés. Un domingo por la noche regresaba a su casa cuando la detuvo la policía, tras notar que no había pagado dos multas, una por manejar sin seguro y la otra por hacerlo con un registro vencido.

En la comisaría, un banco de datos nacional indicó que era una indocumentada y fue arrestada. La confundieron con otra Alicia Rodríguez que no tenía papeles, con el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento y la misma altura.

Pasó la noche en una celda. La llamaron cuando estaba desayunando. Pensó que regresaba a su casa. Pero fue entonces que se enteró por qué la habían apresado.

"Me dijeron que era una inmigrante ilegal. No me creyeron que era ciudadana", dijo, con incredulidad en su voz.

Preguntó si sus huellas dactilares coincidían con las de la otra mujer, pero no le respondieron. Fue encadenada junto con otras personas y trasladada a otra cárcel.

En la nueva prisión cayó presa del pánico. No podía respirar y tuvieron que llamar a los médicos para que le pusiesen oxígeno.

Después del almuerzo fue liberada. Su hermana había ido a un juzgado y conseguido una copia de su certificado de nacimiento. A esa altura, su hijo Jude ya estaba en la escuela.

"Me preguntó, 'mami, fue mi primer día, ¿dónde estabas?'", relató Rodríguez. "Me destrozó el corazón".

Rodríguez admite que debió haber pagado las multas, pero sostiene que las autoridades debieron esforzarse más por corroborar quien era.

"Si no tuviese el nombre que tengo, si no tuviese el color de piel que tengo, hubiera ido, hubiera pagado las multas y todo se habría acabado en dos horas", afirmó.

Jim Hayes, director del ICE, subrayó que Rodríguez nunca estuvo bajo custodia de ese organismo, sino de la policía local, por infracciones de tránsito.

"¿La interrogamos nosotros? Sí. Y determinamos que no correspondía expulsarla porque había evidencia de que era ciudadana estadounidense", acotó.

El teniente Blake Miller, de la policía de Arlington, en tanto, dice que ese cuerpo solo detiene a personas por cuestiones de inmigración a pedido del ICE.

José Manuel González Villavicencio

El 5 de mayo del 2007, José Manuel González Villavicencio, de 28 años, fue a una oficina del servicio de inmigración para recibir su residencia permanente.

Una vez allí, fue rodeado por tres agentes que lo esposaron.

Resulta que cuando tenía 16 años, tuvo un hijo con una niña uno o dos años más joven. Al cumplir 18 años, fue acusado de tener relaciones sexuales con una menor y fue condenado a 45 días de cárcel.

Los agentes del ICE dijeron que esa condena, junto con episodios de posesión de marihuana y portación de armas, justificaban su deportación.

González Villavicencio dijo que mientras estaba detenido solo pensaba en su hijo. Consideró aceptar ser deportado para poder ver al niño de nuevo.

Los agentes prepararon una orden de deportación y le dijeron que era su forma de desearle un feliz 5 de Mayo.

Su madre contrató a un abogado con los 500 dólares que González Villavicencio la había dejado para pagar la cuenta eléctrica, pero el estudio pidió más dinero y casi no se movió.

Villavicencio dio entonces con una organización sin fines de lucro, el Northwest Immigration Rights Project, que tras una corta charla con él determinó que probablemente era ciudadano. Al día siguiente ya habían comprobado que la madre se había nacionalizado cuando él era menor de 18 años, lo que quería decir que él también era ciudadano estadounidense.

Fue liberado luego de dos semanas de detención. A esa altura ya había perdido su trabajo en Wendy's.

Le cortaron la luz en su casa por no pagar la cuenta mensual.
Ahora quiere que los abogados le devuelvan el dinero.

AP