Hay diferencias, sin duda, entre los casos. Primero, que se trata de un terrorista y de un ex presidente, y, segundo, que en el primer caso Guzmán fue considerado autor mediato por organizar y ordenar los crímenes, y Fujimori, por encubrirlos.

Pese a estas diferencias obvias, todo hace parte de una misma espiral, que incluye la violencia desproporcionada desatada por Sendero Luminoso y el Movimiento Tupac Amaru en la década de los 80, pero también los métodos usados en los 90 para enfrentar a la subversión. Los de Fujimori: guerra sucia, creación de un escuadrón de la muerte (el Grupo Colina), corrupción generalizada y operaciones desmesuradas.

Por esas razones, por considerar que como jefe de estado y, por lo tanto, por tener mando y control sobre las fuerzas armadas, y en especial sobre el Grupo Colina, que cometió los crímenes por los que se le condenó, la Corte Suprema decidió dar la pena máxima al ex presidente: 25 años de prisión. Los delitos que lo condenan son homicidio agravado por alevosía, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel. Fujimori aseguró que pedirá la nulidad de la sentencia. ¿Pero qué hay detrás de esta decisión?

El tribunal, con su fallo jurídico y no político, objetivo y no subjetivo, ajeno a las pasiones y cercano a las leyes, incorporó no sólo pautas jurídicas sino también morales, políticas y jurídicas. Las morales están relacionadas con la reivindicación de los derechos de las víctimas, con la incorporación de valores democráticos que rechazan de tajo las acciones violentas, así vengan éstas de aparatos organizados y legítimos de poder.

El mensaje es persuasivo y ejemplarizante: ningún fin, por importante que parezca para la seguridad nacional, justifica el uso de medios como los implementados en Perú en la década de los 90. El asesinato, el secuestro y la tortura no pueden ser permitidos en sociedades democráticas que buscan combatir al terrorismo, pues lo que se logra es la fisura del estado democrático, como lo aseguró la Corte Suprema peruana.

No se puede saber hasta qué punto la decisión de la Corte Suprema peruana disminuirá el apoyo político al partido de Fujimori, pero sí es claro que tendrá implicaciones y que se está cambiando la forma de impartir justicia en el Perú. El tribunal dejó claro que la justicia alcanza sin ningún atenuante a los más poderosos personajes políticos, como Alberto Fujimori, así como a simples asesinos, como los integrantes del grupo Colina, y a terroristas de la talla de Abimael Guzmán. Los excesos de fuerza y los errores políticos del pasado se pagan gracias a un proceso limpio y justo como el adelantado por la Corte Peruana.

A Fujimori se le condena no sólo en función de declaraciones y testimonios, sino por las consecuencias que tuvo la enorme concentración de poder expresada en el golpe de estado que condujo personalmente en abril de 1992. El poder ilimitado conlleva responsabilidades ilimitadas y los argumentos de la defensa del ex Presidente fueron desechados uno a uno por el tribunal, al señalar que Fujimori decidió conducir personalmente las tenebrosas operaciones de su asesor Vladimiro Montesinos, dentro de las cuales se ubica la creación del grupo Colina, responsable de más de 50 crímenes contra los derechos humanos.

El 7 de abril quedará sin duda en los libros de la historia del Perú como el día en que la justicia derrotó al poder político expresado en un ex presidente, como el día del verdadero ocaso de un patriarca. Ese día, independiente de lo que se decida en el recurso de apelación interpuesto por Fujimori, quedó escrito que masacres como la de Barrios Altos y la Cantuta, o secuestros de los que fueron víctimas el periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dryer, no pueden ser permitidos en un país que tenga como principios rectores la democracia y la justicia.

La matanza de Barrios Altos: El 3 de noviembre de 1991 miembros del grupo Colina entraron a una residencia y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes asesinando a 15 personas presentes, entre ellos un niño de 8 años de edad, en una fiesta en el sector de Barrios Altos, centro de Lima.

Las desapariciones de La Cantuta: El 18 de julio de 1992, miembros del grupo Colina secuestraron, asesinaron y desaparecieron a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, dos días después de que Sendero Luminoso explotara una bomba en Lima. Las tumbas de los estudiantes y el profesor fueron descubiertas años después, gracias a las revelaciones hechas por la prensa.

El caso de Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE): Hace referencia a los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, quienes fueron llevados a esta unidad militar, el primero en el contexto del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, y el segundo, por una inexistente orden de captura judicial en su contra por actos de terrorismo.